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La clausura de areneras que pone en alerta a las petroleras

Las empresas tienen compromisos de "compliance" por lo que no pueden contratar aquellas que incumplan con normativas vigentes.
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La clausura que se concretó en las areneras de Ibicuy y Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, a mediados de octubre por orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú tras las denuncias realizadas por la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy y su representante legal, Ricardo Luciano, generó preocupación de algunas petroleras ya que deben tener recaudos para comprar en función del encuadre legal. Es decir, que no cometan ningún tipo de irregularidad.

Las empresas requieren las arenas de sílice para el proceso de fracking. Las mismas colaboran como sostén, se acumulan en las grietas y aportan la porosidad que requiere la fractura para que el hidrocarburo fluya. La actividad desarrollada debe ser en función del recaudo del cumplimiento normativo que le sea aplicable a la empresa, tanto interna como externa. Y este material actualmente es muy utilizado en Vaca Muerta.

La última clausura, ocurrió a mediados de octubre en la arenera La República de Cristamine SA. “Con el desecho tapó y contaminó el curso del arroyo el cuartillo, lo que significa una modificación en el curso de agua”, sostiene el abogado denunciante. El 6 de mayo el juez de Gualeguaychú Hernán Víri ordenó la clausura y el 10 de mayo el intendente de Ibicuy habilitó para que vuelva a trabajar por lo que el abogado Luciano realizó una denuncia penal contra el intendente Gustavo Roldán contra la secretaria de ambiente y el CORUFA (Consejo Regulador De Fuentes de Aguas Superficiales y Subterráneas de la provincia) y se le dio curso.

A raíz de esa denuncia se presentó como querellante y tras una inspección ocular en Cristamine, se detectó que había agua contaminada en piletones donde supuestamente reciclaban y se encontró un pozo de agua subterránea no autorizada y por lo que la Justicia decidió la clausura. 

Ricardo Luciano es el representante legal de la cooperativa de agua de Ibicuy. Desde hace más de dos años está trabajando con este tema y ya presentó tres amparos en la Justicia provincial, uno en la Federal y tres denuncias penales en el Juzgado Federal de Gualeguaychú.

En diálogo con MDZ, Luciani desmintió información acerca de que su objetivo sea el cierre de las areneras. “En ninguna de las presentaciones pedí que se cierren las areneras sino que me baso en el cuidado del medioambiente, que hay leyes que lo establecen. Nace de la Constitución del art 41 y nuestra provincia lo toma en el 22, la ley general de ambiente”.

Y manifestó: “No estoy en contra de ninguna industria, no soy ambientalista, pero si hay normas que cumplir hay que cumplirlas y estoy trabajando en la protección de Ibicuy”.

Vaca Muerta, se estima, que consumirá 8 millones de toneladas al año. Entre Ríos va proveer el 80% de esa arena. 6 millones 400 mil toneladas al año. Hoy está entregando 2 millones de ese total. El problema de la provisión de arena, dice Luciani, es que cumplan con la ley porque esto significa daño ambiental, por lo que requirió un informe hidrogeológico con un fallo favorable. “Nunca pedí que se prohíba la actividad sino que se cumpla con la ley”, reiteró.

En ese contexto es que la industria petrolera se puso en alerta, puesto que, como hay mucha competencia con las areneras, estas hoy no cumplen con los recaudos y ha quedado demostrado con la última clausura. Es decir, que si los proveedores incumplen con las normativas aplicables las empresas tienen la responsabilidad a la hora de elegir a quien comprarle. 

Previo a la clausura de la arenera y con ese telón de fondo, el gobernador Gustavo Bordet había afirmado: “Hemos hecho un reempadronamiento de areneras y clausura de las que no estaban habilitadas y estamos trabajando para poder ordenar una actividad que irrumpió en la provincia de Entre Ríos con el boom de Vaca Muerta. La producción de arena se multiplicó exponencialmente en la provincia”.

En ese sentido, el abogado este año presentó una acción para que el gobernador haga cumplir la normativa vigente que entiende "se estaba incumpliendo con resultado favorable en la Justicia" y en razón de ello se clausuraron nueve areneras y cuatro plantas de lavado en el Sur de la provincia hasta que finalmente se clausuró Cristamine.