Crece la presión de aliados a Rodolfo Suarez para modificar la Ley 7722

El gobernador Rodolfo Suarez ha manifestado en reiteradas oportunidades que no volvería a impulsar una reforma de la Ley 7722, tras la convulsión política y social que generó el frustrado intento al inicio de su gobierno. Sin embargo, la presión de diferentes aliados políticos para avanzar en una modificación a esta legislación cada vez es más fuerte. Al proyecto de ley impulsado por el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, se suma una nueva iniciativa de legisladores de Cambia Mendoza que plantea importantes cambios a la norma vigente desde hace 15 años.

La propuesta que ingresará en los próximos días a la Legislatura lleva el nombre de “Minería Responsable para Mendoza”. Fue elaborada por el jefe del bloque de diputados del PRO, Gustavo Cairo, y cuenta con el respaldo de su compañero de bancada, Enrique Thomas, y los legisladores Guillermo Mosso (Demócratas en el Frente) y Josefina Canale (Partido Demócrata Progresista).

Se tratará del segundo proyecto promovido en octubre por integrantes de Cambia Mendoza y que apunta a reformar la Ley 7722 para impulsar el desarrollo de la minería metalífera en la provincia. A comienzos de mes el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, y la senadora Jésica Laferte, presentaron una iniciativa para declarar al departamento como “área de interés minero” y excluir a este territorio de las restricciones sobre el uso de sustancias químicas como el cianuro y el ácido sulfúrico en los emprendimientos mineros.

No obstante, esa propuesta malargüina no obtuvo el respaldo del gobernador Suarez, quien inmediatamente le bajó el pulgar. Afirmó que “no es el momento” para reinstalar el debate minero en la provincia y reiteró su postura de que durante su gestión solo se avanzaría en proyectos mineros que se enmarquen en la 7722.

Pero ahora se sumó otro proyecto que suma presión al mandatario respecto de un tema delicado para su gestión, a raíz del fuerte conflicto social que se generó en los inicios de gobierno, en diciembre de 2019, con el intento frustrado de modificar la norma sancionada en 2007.

Un grupo de legisladores aliados del oficialismo impulsa un proyecto que establece cambios en la Ley 7722 y plantea habilitar el uso del ácido sulfúrico en la actividad minera, eliminar el requisito de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un proyecto minero deba contar con el aval legislativo y reemplazar al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) por una nueva Agencia de Control Ambiental.

Entre los fundamentos de la propuesta, los autores destacan que su objetivo es “adecuar el listado de sustancias prohibidas en el artículo 1° y evitar la ineludible politización que implica el paso por la Legislatura para su ‘aprobación’, de un tema eminentemente técnico ambiental como es la DIA”.

Concretamente, el texto propone una nueva redacción del artículo 1° de la norma y en ella se elimina la prohibición del uso del “ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares”, a la vez que mantiene las restricciones sobre el uso del cianuro y el mercurio.

Afirman que el ácido sulfúrico es “ampliamente usado en otras actividades en la provincia” y detallan que se utiliza “en fertilizantes, refinación del petróleo, tratamiento del acero, extracción de metales no ferrosos, manufactura de detergentes, plásticos, como electrolito en las baterías plomo ácido”.

Por otro lado, también modifica el artículo 3º y señala que ya no habrá obligación de que la DIA de cualquier proyecto minero sea ratificada por Ley por la Legislatura. Plantea que este estudio solamente debe ser presentado “para su conocimiento y control de legalidad a las comisiones de ambiente y recursos hídricos de ambas cámaras de la Legislatura o la Comisión Bicameral que se cree al efecto”.

El tercer punto destacado de la iniciativa establece la creación de la “Agencia de Control Ambiental de Mendoza (ACAM), como ente autárquico del Estado provincial, con el objeto del control y seguimiento ambiental de la utilización de los recursos hídricos y la situación medioambiental en el territorio de la provincia”.

Propone que este organismo reemplace al EPAS, cuya estructura administrativa pasaría a formar parte de la Agencia a partir de la entrada en vigencia de esta ley. A su vez, su directorio estará integrado por un presidente elegido por el Poder Ejecutivo de la provincia y cuatro vocales elegidos por las siguientes instituciones: uno designado por la Universidad Nacional de Cuyo, uno por la Universidad Tecnológica Nacional, uno por el Consejo Provincial del Ambiente creado por ley provincial 5.961 y uno designado por el Departamento General de Irrigación.

En las consideraciones, los diputados Cairo, Thomas, Canale y Mosso también suscriben que la Ley 7722 “necesita adecuaciones que permitan que cumpla cabalmente su objetivo de ‘regular’ los procesos mineros para cuidar el medioambiente y no ser un factor virtualmente prohibitivo de la actividad de minera metalífera en la provincia de Mendoza”.

Advierten que “desde su sanción hasta el presente no ha venido ninguna inversión de minería metalífera a Mendoza, prefiriendo jurisdicciones que otorgan seguridad jurídica a los emprendimientos mineros”.

Al mismo tiempo, exhortan a que la sociedad mendocina tome la decisión de “si quiere o no desarrollar su enorme potencial geológico y aprovechar esta fuente de empleos privados y recursos para las arcas estatales. Si es así, la norma requiere adecuaciones. Si no queremos desarrollar nuestras cuantiosas riquezas minerales, con dejar la ley 7722 con su redacción actual cumpliremos este objetivo”.