El Gobierno ya tiene otro culpable de la Gestapo vidalista

El Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires aprovechó el escándalo que se produjo por la aparición de un video en el que agentes de la AFI, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, el intendente de La Plata Julio Garro, y empresarios de la construcción, armaron una estrategia judicial para enjuiciar y encarcelar a Juan Manuel "el Pata" Medina, el extorsionador dirigente de la Uocra La Plata, para pedir el juicio político contra Julio Conte Grand, el procurador general bonaerense. 

Mientras se debatía el Presupuesto, las reelecciones de los intendentes y los cargos que debían ocupar los representantes opositores en los organismos de control, MDZ publicó un articulo sobre el golpe que buscaba dar Axel Kicillof para ganar poder en la provincia. Si bien la información fue oficialmente desmentida por el Gobierno provincial, ahora vuelven a la carga contra el procurador general porque, sostienen, no investigó lo publicado por el diario Perfil (video en el que Villegas pronunció la famosa frase de "Gestapo paralela" que quería implementar para saber todo sobre lo que hacían los burócratas sindicales). 

El Frente de Todos, a través del representante del massismo Rubén Eslaiman, y del bloque frentetodista, César Valicenti, presentó un pedido de juicio político contra el procurador general de la provincia, un aliado de Elisa Carrió propuesto para ese cargo tras arduas negociaciones con Vidal luego de la renuncia de la duhaldista y luego defendida por Aníbal Fernández, María Del Carmen Falco. 

"Conforme marca el inciso 2 del art. 73 de la Constitución de la provincia, es competencia de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a distintos funcionarios provinciales por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. En el texto expedido por los 43 legisladores del oficialismo, se detallan tres elementos salientes sobre este punto: 'la pertenencia partidaria del procurador general a la fuerza opositora Juntos y su subordinación funcional a los líderes de ese espacio político, expresadas en la foto tomada a Julio Conte Grand almorzando junto al expresidente Mauricio Macri el pasado 9 de diciembre; la manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y producción de inteligencia ilegal; y la efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas, que dejó en evidencia el video que tomó estado público el pasado 27 de diciembre'”, dijeron en la presentación.

Al respecto, el camporista Valicenti relacionó todo lo sucedido en La Plata, donde el clima de negocios era absolutamente contaminado por los sobrecostos obligados a cumplir por la presión sindical, a que "los argentinos en el periodo 2015-2019, por una dinámica política, mediática y judicial de la que fue víctima la sociedad en su conjunto, porque sin ese método de persecución, disciplinamiento y espionaje no podían avanzar en un proyecto económico, político y de una mirada de función del Estado".

"La provincia no estaba exenta de ese mecanismo cuyo fin último era disciplinar a la sociedad organizada para que no tenga niveles de crítica contra el modelo de fuga de capitales, endeudamiento, destrucción del aparato productivo e intento de eliminación de la política, que se ejecutó durante 4 años. Como representantes del pueblo tenemos el deber de avanzar con el juicio político, mecanismo que nos confiere la Constitución provincial, al procurador general Julio Conte Grand, involucrado como actor clave en este proceso”, agregó el referente de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados provincial.

“Desde nuestro bloque avalamos por unanimidad este pedido de juicio político a Conte Grand para decir basta de atropellos, de espionaje y de Gestapo. El accionar del procurador general es incompatible con la autonomía y la independencia del desempeño del Ministerio Político y por ello estamos aquí dando curso a la máxima instancia que nos brinda la Constitución bonaerense, a los fines de buscar la respuesta que el pueblo se merece y por lo tanto vamos a buscar consensos con los demás bloques políticos”, resaltó en tanto Eslaiman.

Luego de la aparición de la filmación en la que se ve a un grupo de personas, entre ellas funcionarios del Estado provincial, municipal, la agencia federal de investigación y empresarios platenses, salvo Villegas, que dio una sola declaración y luego se calló, ningún funcionario provincial habló para explicar su postura. Consultado Conte Grand, el fiscal general también "clavó el visto". 

Los empresarios involucrados, a través de las cámaras que los agrupa, emitieron antes de ayer un duro comunicado oficial declarando su rol en esa reunión, a la que calificaron de imprescindible para saber si tenían respaldo institucional para avanzar ante denuncias que venían realizando desde hace más de veinte años, tal cual le dijo a este medio Francisco Gliemmo, presidente de la UIA La Plata.