FMI: por qué Juntos por el Cambio vació la reunión del miércoles

La posición de Juntos por el Cambio es simple y firme. Y, quizá, equivocada en algún aspecto. La ausencia de los gobernadores de Mendoza, Jujuy y Corrientes y del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el encuentro programado para mañana por Alberto Fernández y Martín Guzmán para presentar la oferta que la Argentina le hizo (o hará) al Fondo Monetario Internacional (FMI); se explica desde la oposición por un motivo doble. Ni Horacio Rodríguez Larreta, ni Rodolfo Suarez, Gerardo Morales ni Gustavo Valdez, quieren apoyar las negociaciones con el organismo que maneja Kristalina Georgieva, si no hay antes el anuncio de un acuerdo final; o al menos la presentación de una Carta de Intención con el FMI que lleve la firma de los técnicos responsables del Fondo.

Los gobernadores no quieren mostrarse como avales de una oferta confeccionada en el Palacio de Hacienda y refrendada por el Ejecutivo, sin que antes tenga el "certificado de autenticidad" desde Washington. Los cuatro responsables de los territorios gobernados por la oposición, sospechan del presidente y su ministro de Economía, que buscarían una foto de apoyo político para luego presionar ante el FMI, ante un acuerdo que hoy por hoy está estancado y no avanza por la posición de fuerza que se plantea desde Buenos Aires.

El segundo motivo para la ausencia de los representantes de Mendoza, Corrientes, Jujuy y CABA; es que aún no está claro si desde el kirchnerismo hay o no adhesión a lo negociado por Martín Guzmán y apoyado por Alberto Fernández y el resto del Gabinete nacional. Dicen en el principal frente opositor, que, hasta este martes, no existe una sola declaración pública o privada desde el principal accionista de la coalición gobernantes; que abierta y de manera irrestricta anticipe la firma a la Carta de Intención y garantice el voto positivo en el Congreso Nacional cuando el Facilidades Extendidas deba ser tratado y aprobado.

Por lo que se sabe, y se hizo público, Máximo Kirchner declaró antes de terminar el 2021 que debía aguardarse a conocer la letra fina del acuerdo negociado para después hablar de un apoyo o rechazo. Y que, mientras tanto, sólo debía dejarse trabajar a Guzmán; pero marcándole explícitamente los límites de acción para el ministro de Economía. Desde Juntos por el Cambio sospechan que las trabas para tener definido el Facilidades Extendidas con el FMI en tiempo y forma antes que haya terminado el 2021 (y, específicamente, antes de haber pagado los US$1.830 millones del último vencimiento del ejercicio pasado), se deben a la falta de acuerdo dentro de la coalición gobernantes; ante la negativa del kirchnerismo de apoyar las exigencias del staff técnico del FMI, en variables clave como el déficit fiscal, la política monetaria, la necesidad de robustecer reservas, las propuestas para reducir la inflación y las promesas sobre el futuro crecimiento del país.

Cruzando ambas percepciones, los economistas que asesoran a todos los sectores de JxC (radicales, PRO y el resto de las fuerzas) coinciden en reafirmar la sospecha que el Gobierno nacional está aún bastante lejos de cerrar un Facilidades Extendidas, y que las diferencias con los negociadores del FMI siguen siendo amplias. Y que, además, no hay acuerdo dentro de la propia coalición gobernante para asegurarse los votos propios en el Congreso. Y que por estos motivos Alberto Fernández y Guzmán buscan una foto política que incluya a la oposición para una doble presión. Por un lado para buscar torcer el rumbo de los técnicos del FMI para que "aflojen" sus exigencias en términos macro. Por el otro, para que desde el kirchnerismo se perciba la sensación de cierto aislamiento ante una especia de acuerdo entre el Gobierno nacional y los representantes de las provincias; muchos de los cuales están en condiciones de ordenar a sus legisladores cercanos que voten de manera positiva en el Congreso.

Ante este panorama, y por recomendación de la conducción nacional de Juntos por el Cambio, se decidió variar de posición a la convocatoria del miércoles. Al menos en los términos originales planteados desde el Ejecutivo. Surge aquí la cuestión institucional. ¿Puede un sector importante de la clase política con responsabilidades claras y administrativas de gobernar, rehusarse a ir a escuchar una propuesta del presidente de la Nación? Y, en todo caso, ¿no queda la alternativa de mostrarse luego del encuentro en contra de lo anunciado?