Espionaje ilegal en Santa Fe: investigan a un asesor de Aníbal Fernández

Mientras a nivel nacional sube el voltaje en torno al Gestapo-gate, en Santa Fe otro caso de espionaje gana temperatura política. Es que, en el marco de una investigación que realiza el Ministerio Público de la Acusación (MPA), trascendieron nombres de exgobernadores, intendentes y un nutrido grupo de dirigentes que habrían sido víctimas de "carpetazos" o perfilamientos realizados desde el Gobierno provincial.

La causa está en cabeza del los fiscales de Delitos Complejos Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, quienes a finales de noviembre irrumpieron en la sede Rosario de la gobernación, en la víspera de la renuncia formal de los últimos funcionarios que respondían a Marcelo Sain, quien fuera ministro de Seguridad de Santa Fe entre diciembre de 2019 y marzo de 2021.

Días después de ese primer allanamiento trascendieron fuertes versiones sobre un supuesto espionaje ilegal realizado por órdenes de Sain, lo que fue rechazado en varias ocasiones por el exfuncionario provincial y actual asesor del ministro Aníbal Fernández. Sin embargo, esta semana el tema cobró nuevamente fuerza, tras informaciones difundidas en la prensa local.

Según se supo, desde la cartera provincial se realizaron consultas masivas a bases de datos oficiales -a través de claves asignadas a funcionarios-, sobre patrimonios, viajes, sociedades y más. El portal Rosario3 indicó que serían 600 las víctimas del supuesto espionaje, entre ellos el actual diputado nacional (mano derecha del gobernador Omar Perotti) Roberto Mirabella y su hijo Santino, funcionario de Justicia Federal.

También forman parte de la nómina la vicegobernadora Alejandra Rodenas; los diputados provinciales opositores Maximiliano Pullaro, Julián Galdeano, Francisco Garibaldi y Walter Ghione; el exvicegobernador socialista Antonio Bonfatti; y los intendentes Luis Castellano (Rafaela) y Pablo Corsalini (Pérez).

La difusión de estos primeros nombres generó que varias de las presuntas víctimas anticiparan que realizarán una presentación ante el MPA para que se informe si fueron o no objeto de espionaje. "Es un hecho de una gravedad institucional que no tiene antecedentes en el período democrático de la provincia de Santa Fe", dijo por caso Pullaro.

Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, Sain le bajó el precio a las versiones: "Si hay tanta certeza de espionaje ilegal: ¿por qué no nos imputaron? ¿Por qué los fiscales -archivadores de causas donde escuchamos a Maximiliano Pullaro cometer delitos- chivean a la prensa y no imputan? ¿Y las carpetas del ministerio, donde están?", indicó.