Los controles de la AFIP y el flagelo narco en la Argentina
Cualquier ciudadano de a pie ha sentido el peso del control del Estado en sus actividades diarias. La AFIP controla con severidad gastos de sólo $30.000 y, sin embargo, parece no ver los movimientos millonarios que se dan alrededor de la actividad narco, como la compra de vehículos de altísima gama, o el alquiler de salones de lujo.
Un casamiento narco en una quinta en Ibarlucea terminó en un triple crimen que se llevó la vida de Iván Maximiliano Giménez, de 35 años, quien recibió entre ocho y diez balazos calibre 9 mm y de su hija Elena, de un año y medio, quien recibió a su vez media docena de impactos. Ambos fueron trasladados en una camioneta VW Amarok, conducida por un vecino que los asistió, hasta el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Llegaron muertos.
En el escenario de todo lo ocurrido, sobran interrogantes. Desde 2011, la AFIP dispone de regulaciones para justificar la compra de vehículos, sin importar cuál sea el monto. Las disposiciones fueron ampliadas en 2016 por la Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, a través de la disposición 197, publicada en el Boletín Oficial. La decisión del organismo, dependiente del Ministerio de Justicia, se justificó diciendo en su momento que se buscaba dar cumplimiento a las disposiciones sobre el tema de la Unidad de Información Financiera, en el marco de las actividades para prevenir el lavado de dinero.
Campos de Ibarlucea es un exclusivo lugar al que, para acceder, se deben abonar al menos $5.000 por invitado sólo para el uso del espacio y el servicio de catering. Quien contrató el sitio para el casamiento ha dispuesto de un holgado movimiento de recursos, más que suficientes para financiar una fiesta de alto perfil en la que, como dato crucial, la novia tiene una condena de arresto domiciliario, establecido en otra localidad de la provincia de Santa Fe.
El Audi TT en el que se desplazaban los occisos tiene un valor de mercado de US$67.000. Nadie parece hacer inteligencia financiera sobre estos movimientos millonarios. Eso sí, la AFIP ha iniciado una flagrante persecución de miles de jóvenes que trabajan de forma online para países del exterior, cual si fueren delincuentes, para que liquiden honorarios por el vil valor que establece compulsivamente el estado para las divisas extranjeras.
O, mejor aún, estrecha la vigilancia sobre quienes hagan pagos con tarjeta de crédito o débito superiores a los $30.000. Una lógica ilógica que no mira a quien debe mirar, y aumenta la presión sobre el ciudadano promedio, que sólo busca surfear la ola de mala praxis económica y sostener del mejor modo posible su vida diaria. Más sórdido, no se consigue.