FMI: el Gobierno busca urgente el apoyo de los gobernadores (para presionar al kirchnerismo)

No habrá quitas de capital. Argentina le deberá al Fondo Monetario Internacional (FMI) unos US$44.700 millones fruto de la liquidación del Stand By firmado en 2018. Tampoco habrá extensiones especiales de los plazos, con lo que el acuerdo de Facilidades Extendidas tendrá una duración de 10 años. Y, lo peor, es difícil a esta altura conseguir una reducción de las tasas de interés, con lo que el pacto tendrá un costo de aproximadamente 4,05%. Salvo sorpresas, agradables, de último momento; este es el panorama general de la negociación que el país mantiene con el organismo que maneja Kristalina Georgieva, cuyas discusiones se retomarán la semana próxima.

Y saben desde el Ejecutivo que desde el kirchnerismo se mira el panorama con algo de espanto: nada de lo que hace aproximadamente un año reclamaron desde el bando del principal accionista de la coalición gobernante, posición crítica que se hizo pública durante todo el 2021, estará plasmado en las negociaciones. Ni la alternativa de un acuerdo a 15 o 20 años, ni la quita de capitales ni la reducción de intereses fueron aceptadas el FMI, y no hay alternativas esperanzadoras que en alguna reunión salvadora del board (el directorio donde se manejan las políticas máximas del Fondo), se pueda lograr, al menos, una reducción de los sobrecostos.

Dependerá de la diplomacia directa del Gobierno nacional y sus delegados ante la administración de Joe Biden. Mientras tanto, el panorama para el kirchnerismo es bastante desolador por lo que se le requería al presidente. Y eso que aún no se conocen los términos técnicos del Facilidades Extendidas: metas de déficit fiscal, superávit comercial, crecimiento de la economía, nivel de reservas, porcentaje de subsidios sobre PBI, etc.

Ante el panorama, Alberto Fernández y Martín Guzmán prevén que un problema político interno de magnitud, para cuando se conozcan públicamente los contenidos exactos del acuerdo que se discutió hasta diciembre de 2021 con el FMI. Y teniendo en cuenta que se le prometió al organismo cierto apoyo político que avale lo negociado; desde la Casa Rosada se determinó avanzar en el llamado a los gobernadores y representantes económicos regionales para conseguir un cubrimiento de espaldas que el kirchnerismo podría retacear.

Por esto el presidente y su ministro de Economía llamaron a la cumbre del próximo miércoles, donde se les explicaría a los gobernadores los alcances de lo negociado y las proyecciones macro posibles para el 2022. Necesitan, sí o sí, mostrar ante el organismo cierto apoyo político para lo que viene; ante la imprevisibilidad de lo que pueda suceder con las huestes que circundan a la vicepresidenta.

Para esto, la hipótesis de máxima, es que al final el encuentro del miércoles el Ejecutivo logre que los representantes de las provincias avalen con cierto apoyo crítico las negociaciones, y comience un tiempo de comunicación directa entre la Nación y las provincias para lograr el apoyo legislativo de los diputados y senadores que responden a las gobernaciones. Si los legisladores más cercanos a los gobernadores apoyan, y si Juntos por el Cambio también avala, el kirchnerismo quedaría aislado junto con la izquierda y quedaría expuesto ante la clase política.

Sería ese el momento, especulan en la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda, cuando se podría cerrar el apoyo político general al acuerdo con el FMI. Para la tarea de coordinar la actividad con las provincias, el Gobierno prorrogó ayer el funcionamiento de la unidad técnica encargada de elaborar la estrategia de negociación con el FMI. Lo hizo a través de la 955/2021 del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial, donde el Gobierno decidió extender la vigencia de la unidad hasta la sanción del Presupuesto o la firma de un acuerdo.

Esta repartición temporal que actúa bajo control directo de Martín Guzmán, se creó el 23 de enero de 2020 y tiene como objetivo asistir y asesorar al Ejecutivo para desarrollar la estrategia negociadora. Se cree que al menos estará vigente durante todo el Gobierno de Alberto Fernández. Ahora para cerrar la negociación. Luego para chequear el cumplimiento de las metas.