La realidad incómoda que ahora debe enfrentar Alberto Fernández tras el acuerdo con el FMI

El Gobierno nacional va a tener que enfrentar un escenario desconocido tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pues ese organismo le recortó la principal herramienta para ejecutar políticas de emergencia: la máquina de hacer billetes; la billetera abierta del Banco Central para fondear, sin respaldo, del Estado. Si al kirchnerismo le costó gobernar sin caja, ahora tendrá que hacerlo, además, con la mirada del FMI puesta encima y visitas trimestrales para chequear que la emisión baje, al igual que el déficit y la inflación.

La situación es incómoda para el Frente de Todos, previsible por la situación crítica en la que estaba la economía (herencia de deuda mediante). Pero abre un signo de interrogación que para Alberto Fernández es un desafío: tras el acuerdo con el FMI, cómo saldar la enorme deuda interna de Argentina de la que él y su sector político son también responsables. Pobreza, desigualdad, niñez marginada y desequilibrios estructurales en la administración de recursos. 

Aunque hayan teñido con eufemismos el anuncio, el entendimiento anunciado ayer es un plan de emergencia para tratar de estabilizar la macroeconomía durante los próximos dos años y medio. El organismo internacional priorizó con menos pasión esas urgencias: bajar la emisión para, entre otras cosas, controlar la inflación, bajar el déficit, achicar subsidios en los servicios públicos y, luego, ver cómo se paga. El Gobierno sobredimensionó los "permitidos" que tiene el plan, como el aval a ejecutar planes de inversión pública y mantener la asistencia social (con limitaciones). 

El torniquete a la emisión es enorme, pues se permitirá solo un tercio de la emisión del año pasado (no puede ser más de un punto del PBI). En realidad si se da vuelta el argumento lo que se busca es que el Estado se fondee con recursos genuinos. Antes, el propio Martín Guzmán tuvo que bajar una de las banderas del kirchnerismo y resignarse: esa idea de que la inflación no tenía nada que ver con la política monetaria. 

Deudas

El plan macroeconómico impuesto tendrá consecuencias políticas. Primero, porque antes de ejecutarlo el Gobierno necesita el aval interno en el Frente de Todos y luego con la oposición en el Congreso. No se trata de acuerdos formales, pues en una Argentina hiper electoral nada queda librado al azar: algo pedirán, algo tendrá que ceder. 

Podría afectar, por ejemplo, el esquema de reparto discrecional de recursos en las provincias. Alberto Fernández no tendrá tantos "cheques" disponibles, y los gobernadores podrían tener la oportunidad de exigir más equidad. La provincia de Buenos Aires se ha financiado casi a demanda con el Gobierno nacional, mientras otros distritos (como Mendoza) prescinden de ayuda extra. 

La intención formal del Gobierno es apostar a que el crecimiento de la economía sanee las cuentas. Para ello apuesta a incentivar la demanda agregada y la inversión pública. Esas intenciones topan con un problema que el propio Guzmán mencionó: la incapacidad que tiene Argentina para producir, mantener las exportaciones y sostener un círculo virtuoso en su economía. 

El acuerdo con el FMI llegó sobre la hora, aunque falta no solo la letra chica sino el "plan de pagos". Aunque era una situación desesperante, también generaba alguna sensación de confort: la  deuda para el oficialismo era un problema doblemente externo. El FMI era el enemigo perfecto y, mucho más, Mauricio Macri como gestor de esa deuda. Todo hacia afuera.

Ahora el presidente y su equipo tienen enfrente la deuda interna que es una herencia y también gestión propia. Que haya pasado más de una década sin crecimiento real, con una pobreza que afecta a 6 de cada 10 niños argentinos, salarios licuados, jubilaciones deshilachadas por la inflación y los malos aumentos. La gestión política estará a prueba: el Gobierno deberá enfrentar esa situación con un cerrojo a la fábrica de pesos, la mirada auditora del FMI y la presión interna del kirchnerismo.