Guillermo Montenegro endurece posiciones y suma aliados contra las petroleras

Guillermo Montenegro endurece posiciones y suma aliados contra las petroleras

El intendente marplatense presentó un amparo que busca parar el proyecto de prospección. Su posición blanda frente al inicio anticipado de clases en CABA y un polémico convenio por fotomultas en el centro de la escena.

José Luis Jacobo

José Luis Jacobo

Fue una marcha cuando menos variopinta: la izquierda en sus interminables facciones —MST, FTR, Polo Obrero, Votamos Luchar, entre otras—, a los que se le sumaron unos cuantos distraídos que se acercaron para avalar al intendente Guillermo Montenegro en su defensa de las playas y en contra de las petroleras. Cualquier parecido con el tango "Cambalache", no es mera coincidencia.

Desde que Greenpeace instaló mediáticamente su lucha contra la explotación petrolera a 300 kilómetros de la costa bonaerense bajo la excusa de los posibles riesgos ambientales que la misma provocaría, un universo variopinto se lanzó en Mar del Plata a expresarse en la misma línea, con discursos plagados de prejuicios y sin conocimiento alguno del proyecto en marcha. En estas carnestolendas adelantadas, el diputado de izquierda Nicolás del Caño queda avalando la misma posición que el intendente del PRO Guillermo Montenegro que, de tan lanzado que está, hasta metió una petición de amparo, la cual fue unificada con otras dos similares por el juez federal Santiago Martín.

La situación que se ha generado en la ciudad feliz con este tema está lejos de ser una expresión uniforme como para que se justifique citarla como un "Atlanticazo", tal como lo hacen diversos medios que sólo han repetido un término acuñado con clara intencionalidad propagandística y política. La mala información que hay en torno al tema, deformada por elementos de propaganda, lleva a que la confusión sea general. Sin embargo, no es la única polémica que distingue a este verano marplatense.

Montenegro también se encuentra bajo fuerte presión por la decisión de su homólogo y líder político, Horacio Rodríguez Larreta, de iniciar las clases en CABA el día 21 de febrero. La medida fue muy mal recibida en Mar del Plata, incitando reclamos tanto por parte de la Unión del Comercio y la Producción (UCIP) como por parte de la bancada de concejales del Frente de Todos. Le exigen a Montenegro —quien hoy promedia un 70% de aceptación a su gestión— que impulse la revisión de la medida, so pena de "arruinar" la temporada, colocándolo así en medio de un intríngulis difícil de surfear.

Como si fuera poco, a este escenario lugareño con pocas visitas políticas, hay que sumarle que la ciudad está en camino de colisión por el proyecto del ejecutivo que busca imponer un sistema de fotomultas, con la idea de aplanar la curva de siniestralidad vial que padece la ciudad. Si bien en off el Gobierno asegura que tiene los votos en el Concejo Deliberante para avanzar con el proyecto, diversos sectores denuncian al convenio propuesto como gravoso a los intereses del municipio. Una fuente cercana a los socios políticos del intendente asegura que aún nada se ha hablado sobre este tema y, más aún, cita que "el intendente no demostró todavía que quiera ir a fondo con este tema".

Los medios locales afines al intendente presentan el convenio propuesto con la Universidad Nacional de San Martín como un modelo de probidad. Sin embargo, hay que recordar que fue precisamente esa institución educativa la que estuvo en el centro de otros acuerdos que ahora están bajo investigación judicial. Un ejemplo son los convenios con la productora de Andrea del Boca, que han llevado a que hoy la ex niña mimada de la televisión argentina esté a un paso del juicio oral.

La triangulación se habría realizado a partir de un convenio con la UNSAM en el que se hacía cargo de la administración de los fondos del Ministerio de Planificación que en ese momento encabezaba la polémica figura de Julio de Vido. El abogado que denunció estas maniobras, Ricardo Monner Sans, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, aportó a la causa un informe sobre la supuesta compra de equipamiento audiovisual por un valor de 14 millones de dólares desde una ortopedia, que luego fueron cedidos a la UNSAM.

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