Nuevo acuerdo de precios: el Gobierno se entusiasma, los empresarios no

Roberto Feletti está entusiasmado. Y empoderado. Transcurrió la primera semana de enero negociando personalmente con las grandes empresas del país responsables de la producción de alimentos, bebidas y bienes de consumo masivo; y, a diferencia de aquellos días de octubre del año pasado, cuando llegó al Ejecutivo Nacional como una tromba alterando la leve estabilidad del Gabinete económico, ahora hace su trabajo con cierta tranquilidad. Y sin que desde las otras oficinas del Palacio de Hacienda y el Ministerio de Producción se lo cuestione. Públicamente al menos.

Con ese clima el secretario de Comercio Interior y su equipo de fieles (ya sin Débora Giorgi), cerró un nuevo acuerdo de precios con más de 40 empresas de todo el país (la mayoría multinacionales de capital local o internacional), diseñando un listado que incluirá unos 1.335 productos que se transformarán en 1.400 en marzo. Feletti hará una presentación en sociedad en las próximas horas, y buscará que ese acto se transforme en un evento donde estén presentes varios de los firmantes (quizá las cámaras del sector), y que al enfocar la foto haya sonrisas (aunque tapadas por barbijos); que demuestren que el clima general del acuerdo es de convencido apoyo, y no de enfrentamiento.

Aún se recuerdan los tiempos del lanzamiento del anterior acuerdo que venció el viernes pasado, y que tenía el calificativo directo de "congelamiento" sin mayores vueltas; con la imposición directa de precios máximos inamovibles e innegociables, sobre un listado ad hoc y para las empresas caprichoso, con precios finales que no podían ser modificados y que fueron diseñados desde la propia secretaría en un fin de semana de frenético trabajo. Se recuerda que muchas empresas se molestaron, y llegaron al punto de protestar públicamente la decisión; algo que, siempre, es algo que molesta a los Gobiernos. Ahora el clima es diferente, y aquel conflictivo congelamiento mutó en un acuerdo negociado y consensuado; y que duraría un año. Algo inédito para los pactos de este tipo.

Lo que se presentará en horas tendrá varias novedades. La principal es su flexibilidad y capacidad de movimiento del listado, además de la promesa mutua de adaptabilidad a los tiempos que vengan durante el 2022. Los productos podrán cambiar durante el año, siempre que las empresas se comprometan a introducir bienes de la misma calidad o superior, y que los precios no se alteren con respecto a lo pactado. Los cambios se permitirán luego de una revisión trimestral, y nunca puede haber menos en el listado. Si más. La intención oficial es que se transformen en 1.500 finales, sólo contabilizando alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza.

Los precios aumentarían un 2% mensual máximo, lo que determinaría que en todo el trayecto del 2022 subirían un 24% máximo. Aún menos que el 33% pronosticado por Martín Guzmán, porcentaje sobre el que pocos creen. El resto de los productos que se ofrezcan en un hiper o supermercado de todo el país estarán liberados; y las empresas tendrían la posibilidad de colocarle el precio y valor que consideren. Según la visión de la secretaría de Comercio Interior, ese tope de incremento porcentual actuaría como una especie de "ancla" sobre el resto de los alimentos y bebidas que se encuentren en una góndola, ya que se especula en el despacho oficial sería difícil colocar en el mercado bienes muy por encima del precio de un producto que esté en el listado. Y que sólo las opciones muy premium, con demandantes muy específicos, podrían salir de la lógica.

Para los asesores de Feletti, esta liberación de los productos que estén fuera del listado obedecería a la técnica de la "rentabilidad cruzada". Esto sería, la imposibilidad de ofrecer bienes muy por encima del valor de un producto de precio acordado, ya que si se garantiza que los que estén dentro de la lista figuren en tiempo y forma en las góndolas, no habría temores para que esos alimentos y bebidas se escapen.

¿Puede tener éxito durante el 2022 el acuerdo? Según Feletti, no hay dudas. Los datos del oficialismo sobre el congelamiento que terminó el 7 de enero; hablan de un cumplimiento del 85% en el AMBA y del 75% en el resto del país. Y si un esquema rígido y duro pudo tener semejante nivel de cumplimiento, más exitoso debería ser un pacto donde haya flexibilidades y liberación de precios por fuera del listado.

¿Qué dicen los empresarios? Lejos del optimismo oficial, consideran que el porcentaje de incrementos de precios autorizados está lejos de la realidad. Y que, por ejemplo, no tiene en cuenta la suba de valores del 20% que se aplicarán a las tarifas de servicios públicos, eventuales incrementos en los combustibles, costos generales y, fundamentalmente, los aumentos en las paritarias que vienen; donde, se sabe, el Gobierno nacional no quieren que haya mejoras inferiores a la inflación. Aseguran los empresarios vinculados a las empresas de alimentos y bebidas, que los salarios forman parte crucial de la conformación de costos en el impacto del precio final.

Los privados tienen un temor esencial. Creen que si el nuevo acuerdo fracasa, habrá una nueva embestida contra ellos señalándolos como los culpables del alza en los precios, en un año donde se esperan incrementos inflacionarios superiores al 45%. Casi el doble de lo autorizado en el acuerdo que se presentará en sociedad en horas.