Por qué el último acto de Alberto Fernández y Martín Guzmán no solo irritó al kirchnerismo

El último acto público del presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán enfureció al kirchnerismo y aceleró la crisis interna. Pero ese acto no solo generó bronca en el oficialismo, sino también en las provincias. Claro, por motivos distintos: en ese acto el Gobierno ratificó el proyecto de ley de Hidrocarburos que va a concentrar aún más las inversiones del sector en pocas zonas y podría desalentar inversiones de riesgo y en áreas que Mendoza busca potenciar.

El proyecto de ley que se presentó tiene un foco casi exclusivo en grandes proyectos que pueden tener saldo exportable, algo que para Mendoza y la mayoría de las provincias petroleras está vedado. De hecho, se reconoció que uno de los objetivos es generar divisas. En general se crea una burbuja fiscal para que durante 2 décadas las empresas petroleras tengan estabilidad y previsibilidad. En concreto, se congelan todos los impuestos, tasas y demás que haya al momento en que se realiza la inversión. Eso incluye también los impuestos provinciales. La otra duda es, justamente, cuánto avanza la Nación en las potestades que le competen a las provincias. Es que los recursos son de los estados provinciales.

Los beneficios fiscales que se ofrecen apuntan a proyectos que podrían dejar afuera, incluso, a la propia empresa YPF y sus planes locales. Desde que se conoció el primer borrador, desde las provincias petroleras pidieron cambios. Uno de ellos era tener en cuenta a los proyectos de menor envergadura y de alto riesgo. Entre ellos están los de recuperación secundaria y terciaria. El piso de inversión exigido para entrar en los beneficios es alto: quedó en 100 millones de dólares. Para tener una idea, el plan más ambicioso que se desarrolla en Mendoza es de 70 millones de dólares. Salvo YPF y Pluspetrol, en la provincia no hay empresas grandes que hayan invertido o tengan en eje ingresar y que estarán en la puja por entrar en el nuevo régimen de beneficios. De hecho hay mucho más desarrollo de empresas junior o de mediana estructura.

El desequilibrio que hay en la inversión podría aumentar porque los incentivos apuntan casi por completo a los modelos de negocio que tienen a Neuquén y el resto de la Patagonia. Entre otras cosas, por ejemplo, los inversores en esos proyectos y que exporten podrán tener libre disponibilidad de dólares, algo inédito para el resto de la economía.

El otro punto de conflicto tiene que ver con las potestades que se dejan en manos del Gobierno nacional. Tanto para disponer subas, bajas y transferencias de impuestos y beneficios, como el avance sobre las facultades provinciales. Una vez que la ley se sancione, las provincias pueden adherir o no. El problema es que quienes corren con desventaja, como Mendoza, quedarán en una encrucijada: Neuquén adherirá y será foco de las inversiones y a la Provincia no le quedará otra. Claro, también entrará en juego el nuevo esquema de poder en el Congreso tras las elecciones.