Lavado de dinero K: confirman el procesamiento de Ernesto Clarens

Lavado de dinero K: confirman el procesamiento de Ernesto Clarens

La sala 1 de la Cámara además confirmó procesamientos de otros imputados en un expediente conexo al que está en juicio oral desde 2019 ante el Tribunal Federal 2 en el que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a ex miembros de su gabinete son juzgados.

Redacción MDZ

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Los jueces de la Cámara Federal, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi confirmaron el procesamiento y embargo ( aunque lo redujeron) que pesa sobre el financista Ernesto Clarens y otros imputados por haber utilizado una estructura societaria y financiera para el lavado de activos de fondos provenientes de la obra pública. 

En noviembre del año pasado, el juez Ercolini procesó a Clarens por “lavado de activos agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esa naturaleza”. Y se le trabó el embargo por diez mil millones de pesos. También fueron procesados otros financistas, contadores y comerciantes por la maniobra que salpica a las firmas Austral Construcciones y Gotti SA, ligadas a Lázaro Báez, y de Invernes SA, del financista Clarens. Asimismo fueron procesados Carlos Di Gianni, Guido Blondeau, Rafael Mateo Merlini, César Gerardo Andrés, Andrea Cantín, Martín Samuel Jacobs, Emilio Carlos Martín, Sergio Gotti, Armando Ulled, Andrés Kechichian, Héctor Doldi y María Julia Cis.

Según la resolución, los hechos investigados aparecen enmarcados dentro de las actividades empresariales desplegadas por Lázaro Antonio Báez a través de un conglomerado compuesto por diversas firmas constructoras (Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Loscalzo y del Curto SRL, Petersen Thiele y Cruz SA, Sucesión de Adelmo Biancalani SA), entre las que se encontraba GOTTI SA, la cual se ubica en el centro dela trama.

El empresario santacruceño hoy con prisión domiciliaria habría comenzado con el armado de sus empresas mediante la constitución de AUSTRAL CONSTRUCCIONES SA (8-05-2003), a la que posteriormente fue sumando otras firmas dedicadas a la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

Estas empresas intervinieron en diversas licitaciones públicas para la realización de obras viales en dicha provincia, que fueron convocadas por el organismo competente local o por la Dirección Nacional de Vialidad (DVN), las cuales eran solventadas con fondos del tesoro nacional.

“La presunta actuación delictiva que habría llevado a que Báez se beneficiara indebidamente con la adjudicación y ejecución de contratos de esa clase, y en la que habría intervenido funcionarios de distinto rango y particulares vinculados a aquellas empresas, fue oportunamente evaluada en esta instancia y actualmente es objeto de debate oral y público por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2.”

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