Walter Bento podría seguir con el control de las elecciones hasta noviembre
Walter Bento apunta a ganar una de las dos batallas fundamentales que se planteó como objetivo, en el marco de la investigación judicial que la propia Justicia que integra está siguiendo en su contra y que mantiene a la institucionalidad de Mendoza en vilo desde hace varios meses ya.
Este miércoles Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO que opera como instructor designado del caso del juez mendocino en el Consejo de la Magistratura, admitió que “es muy probable” que Bento siga a cargo de la competencia electoral en la provincia hasta las elecciones de noviembre, debido a la tramitación lenta que tiene el expediente en el órgano encargado de la selección y remoción de los jueces.
Dos factores de procedimiento están jugando para que se produzca esta demora. Uno de ellos es que el Consejo definió en una de las últimas reuniones dedicadas al caso, que se abocará a la producción de prueba para determinar si el juez es culpable o no de lo que se lo acusa. En principio, para acelerar el trámite, el mismo organismo venía estudiando la alternativa de tomar la investigación judicial en marcha para ganar tiempo y no comenzar todo de nuevo. En este punto, por ejemplo, el Consejo accedió al pedido del propio juez para que se le tome declaración testimonial a casi una treintena de testigos presentados por él mismo. Ese trámite, llevará bastante tiempo.
El otro aspecto está determinado por el análisis de las declaraciones juradas que el magistrado presentó en su descargo, para eludir la acusación de que se enriqueció ilícitamente y de que su patrimonio aumentó de manera exponencial desde que asumió el cargo hace ya más de quince años. Ese peritaje contable para determinar el crecimiento patrimonial del juez llevará al menos tres meses más
“Entiendo la gravedad de la situación, por eso desde el primer momento me propuse avanzar lo más rápido posible en la investigación. Es una situación sumamente irregular y grave, que requeriría definiciones rápidas. Pero hay plazos y procedimientos que hay que cumplir. El Consejo de la Magistratura es un cuerpo colegiado, no soy solo yo quien toma las decisiones de modo que más allá de mi voluntad y esfuerzo hay pasos que no puedo saltar”, explicó Tonelli.
Y avanzó a su vez con lo que ya se vislumbraba desde hace tiempo: la existencia de una maniobra dilatoria de los integrantes kirchneristas en el Consejo para no definir la situación. “Yo propuse que se tomaran las declaraciones que los mismos testigos han prestado en la causa penal y que en todo caso solo se interrogue a quienes no han declarado o sobre nuevos puntos. Propuse además que esas declaraciones las tomará el juez de Mendoza que está llevando adelante la investigación. Sin embargo, la mayoría oficialista del Consejo se opuso a este criterio y optó por realizar audiencias a los testigos. Por eso digo que si por mi fuera yo avanzaría más rápido, pero no puedo, la comisión la preside la senadora (María Inés) Pilatti Vergara, el oficialismo ahí tiene mayoría, yo propongo y la comisión resuelve. Somos nueve los miembros”, descargó.
La Cámara Federal ratificó este martes el procesamiento de Bento que había dictado el juez Eduardo Puigdéngolas, en la causa que se le sigue por estar sospechado de ser jefe u organizador de una asociación ilícita. Y en la que además se lo acusa de haber cometido los delitos de cohecho pasivo en calidad de autor en al menos diez hechos, ser penalmente responsable del delito de retardo de Justicia, haberse enriquecido ilícitamente y haber lavado activos. La Cámara respaldó a su vez la investigación realizada hasta aquí por el fiscal Dante Vega, a quien Bento acusa de haber actuado movido por una enemistad personal.
El juez se sabe acorralado por la Justicia, pero buscó hacerse fuerte desde lo político con la herramienta de presión que significa ostentar la competencia electoral y más en esta etapa de elecciones. No solo decidió seguir en su cargo, sino que además demostró que está dispuesto a jugar fuerte. Hace veinte días nada más, desafió al gobernador Rodolfo Suarez al enviar una compulsa penal para que se investigue si era delito o no que el mandatario se presentara como candidato.
Esa resolución fue un bochorno: el mismo juez fue quien, un lunes, pidió investigar la posible comisión de un delito por la inscripción de esa candidatura y, el viernes de esa misma semana, validaba su legalidad luego de que la Cámara Nacional Electoral le advirtiera lo improcedente de su accionar. Una dato: se volvió a mencionar la posibilidad de que la Cámara, como ente superior a Bento, termine removiendo de la competencia electoral al magistrado ante esta situación. Sin embargo, nada parece indicar que ello vaya a ocurrir por ahora.
Ahora bien. Bento podría ganar esta batalla, seguir con la competencia electoral hasta después de las elecciones, pero su panorama judicial aparece mucho más complicado. La Justicia avanza y la estrategia del juez comienza a naufragar en un aspecto clave. La base de la defensa- encarnada por los abogados Mariano Cúneo Libarona y Gustavo Gazali- está sustentada en el argumento de que todo se trata de una maniobra orquestada por los medios, de un fiscal que tomó el caso porque tiene un enfrentamiento con él y de una Cámara Federal que forma parte de una amplia maniobra de lawfare para desplazarlo de su cargo.
La Justicia Federal en Comodoro Py le dio la espalda a esta teoría conspirativa. Ya se expidió en contra de Bento y su mujer, Marta Boiza, en su intento de apartar de la investigación a Vega y Puigdéngolas al confirmar a ambos al frente de la pesquisa. Por eso, en su desesperación, el controvertido juez está anticipando que buscará llevar ahora su caso ante tribunales internacionales.


