La realidad de Venezuela es, desde hace años, muy confusa. No hace mucho el actual presidente de ese país y sucesor del poder presidencial de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, renovó su cargo mediante "elecciones" libres y democráticas. Las comillas, claro, tienen su explicación: en ese país solo votó poco más del 30 por ciento y, asegura la oposición, fueron votantes pagados y que forman parte de las líneas del chavismo. Más allá de las pruebas de esto, lo que se hace evidente con sólo echar un vistazo es que la realidad política, social y económica de ese país es cada vez más alarmante: enfrentamientos civiles con fuerzas armadas, muertos, detenidos, hambre, emigración masiva son algunos de los factores que explican la crisis que atraviesa el país caribeño.

Frente a ello, la decisión del canciller argentino perteneciente al Gobierno de Alberto Fernández, Felipe Solá, ha sido tajante: respeta el poder de Maduro y niega la dictadura que muchos países y organismos internacionales como la ONU vienen señalando. Ahora, Amnistía Internacional (AI), que es un movimiento global de más de 10 millones de personas que se financian de manera independiente con los aportes de la ciudadanía mundial, le pidió al Gobierno argentino que tome una decisión clara frente a la situación venezolana. No es la primera vez que esta organización internacional le solicita a la Argentina una posición más radical sobre los acontecimientos y realidad venezolanos. 

Este viernes, AI le envió una carta al canciller Felipe Solá en la que insta al país a adoptar una postura “clara y contundente” en contra de la violación de derechos humanos en países de la región. La misiva está firmada por Mariela Belski, directora ejecutiva, y Érica Guevara Rosas, directora para las Américas. Allí solicitan que "el gobierno que Ud. (por Solá) representa en la esfera internacional, se posicione de manera clara y contundente en contra de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional que se han cometido y se siguen cometiendo a diario en Venezuela”.

Además, agregan lo exhortan a "que apoye públicamente la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la cual, como es de su conocimiento, consiste hoy en una de únicas esperanzas de verdad, justicia y reparación para el pueblo venezolano”.

Algunos antecedentes

En septiembre de 2018, los Gobiernos de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Argentina, solicitaron a la Fiscalía de la CPI que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Sin embargo, años más tarde, en marzo pasado y con el actual gobierno de Alberto Fernández, se decidió retirarse del Grupo de Lima, que no reconoce a Nicolás Maduro, y este jueves se retiró de la demanda.