Dólares, conflictos gremiales y tensiones detrás de elevado precio de Portezuelo del Viento

A esta altura queda claro que Portezuelo del Viento no es solo la obra proyectada más grande del siglo. Sino que también es la más compleja. Los días que se avecinan serán clave para determinar el futuro de la represa y para conocer si, como solicitó el gobierno de Rodolfo Suarez, el único oferente presenta una mejora de oferta luego de que, en el marco del proceso licitatorio, las propuestas que realizara el consorcio de empresas encabezado por la china Sinhoydro estuvieran todas por encima de los U$S 884 millones con los que cuenta la provincia para concretar el proyecto.

Una veintena de ejecutivos chinos se encuentra desde hace semanas en Mendoza, intentando llegar a tiempo el 30 de junio para presentar una rebaja de costos (ya pidieron una prórroga) y poder sortear así la aprobación de la oferta económica. El gobierno camina por tres andariveles para explicar por dónde los chinos podría aplicar esa rebaja. El consorcio Malal-Hue presentó 6 ofertas con una decena de propuestas diferentes que incluían, entre otras variables, ajustes en muchas de las obras complementarias que iban a estar obligados a realizar. Todas la ofertas estuvieron por encima del presupuesto oficial e incluso la más cara lo superaba la plata disponible en U$S 174 millones sin considerar el IVA. 

Dólares e inestabilidad

Para la administración provincial, la abultada diferencia de costos está basada en la preocupación que tiene Sinohydro por la inestabilidad política en la Argentina que podría generar, en este caso particular, que Alberto Fernández deje de pagar las cuotas del acuerdo por U$S 1.023 millones que suscribió Maurico Macri con Mendoza y que son la base del financiamiento de la obra. Hasta aquí, más allá que frenó su avance en el Comité Interjurisdiccional del Rio Colorado (Coirco), la Casa Rosada cumplió religiosamente con los pagos pautados.

El otro punto está, también, relacionado con el financiamiento. El consorcio oferente planteó sus reparos a que la provincia le pague la obra en pesos. Otra aclaración que se hizo desde acá: Mendoza tiene formado un fideicomiso en dólares, en donde se depositan cada tres meses los pagos que provienen de la Nación. El otro aspecto está directamente vinculado a la realidad local y apunta a la UOCRA, el sindicato de la construcción. Las ofertas incluyen el pago de dos adicionales que elevan el presupuesto en mano de obra (15% por ítem campamento y un 30% por trabajo en la montaña) que el propio gobierno está  intentando rebajar.

Ahora bien. En este tire y afloje por centenares de millones de dólares, dos aspectos que generaron cierta alarma trascendieron en ámbitos empresarios, luego de que el gobierno formalizara su pedido de mejora de oferta. Uno de ellos está vinculado a la supuesta imposibilidad legal del planteo ya que una alternativa de este tipo no está considerada en los pliegos de licitación.

La otra está relacionada con la rebaja en la cotización que habría pedido la provincia y que rondaría el 40% como mínimo. Si esto es así y los chinos acceden, sería muy difícil de explicar la manera en que inflaron el presupuesto en su oferta inicial.

Quien encabeza la presentación, la asiática Sinohydro, es cabeza de la UTE Malal- hue, que además integra otro gigante oriental, China Gezhouba Group Corporation, y completan la mendocina Impsa, que tendrá a cargo el sistema hidroeléctrico de la represa y dos conocidas del medio local: Ceosa y Obras Andinas que se ocuparán del resto de las obras complementarias que también implican una inversión millonaria. Si resulta adjudicado, el líder asiático de la obra se quedará con el 46% de la participación en el consorcio, Impsa con el 22% y las otras dos empresas locales con el 16% cada una.

Un antecedente negativo

Un antecedente importante en una de las obras recientes de Sinohydro, atenta contra la intención manifestada por el propio Gobierno cuando arrancó el proceso de que estaba detrás de una empresa que hiciera las cosas bien. Este consorcio chino financió y también construyó en Ecuador, con un costo de U$S 3.200 millones, la presa conocida como Coca Codo Sinclair, una obra ambiciosa encarada por el gobierno del entonces presidente Rafael Correa. La megaestructura se proyectó para producir más de 1.500 megavatios de energía "limpia y renovable" y cubrir el 30% de la demanda eléctrica del país con un tiempo de vida útil de 50 años. El impacto de lo que se construyó fue tal, que a la inauguración, en noviembre de 2016, fue incluso el mandatario chino Xi Jinping, quien visitó Quito para presenciar la puesta en marcha del emprendimiento.

Durante el proceso de construcción, fueron decenas las quejas por parte de los trabajadores por malos tratos por parte de la empresa al personal y además se registraron denuncias por violaciones a los derechos humanos. En la mitad de la obra, en 2014, un derrumbe en un túnel mal hecho provocó una tragedia y ocasionó la muerte de 13 operarios (tres de ellos de nacionalidad china) y más de una docena de heridos.

Pero eso no fue todo. Desde 2018 a esta parte, Sinohydro y el gobierno ecuatoriano están envueltos en una profunda y millonaria controversia por las deficiencias que muestra la construcción de la represa. El Estado de ese país determinó acudir a una consultora alemana, TUV SUD, para que realice un diagnóstico y diseñe una estrategia para solucionar los problemas que se han detectado en Coca Codo Sinclair, fundamentalmente en lo referido a las microfisuras.

Lo hizo a través de la Contraloría del Ecuador, organismo que aprobó un informe en el que figuran todo tipo de falencias: entre las más graves, 171 mircrofisuras que podrían llevar al colapso total o parcial de la represa, según mencionaron. También se habla de posibles problemas con los materiales usados en la construcción, pese a que Sinohydro señala que todo lo utilizado estaba estipulado en el contrato.

A diferencia de lo que ocurrirá con Portezuelo, si sirve de alivio, los chinos no solo financiaron y construyeron la presa sino que además diseñaron el proyecto instalado en plena selva ecuatoriana. Aquí, solo se encargarán de la construcción ya que el financiamiento será nacional y el proyecto ejecutivo fue realizado por la provincia. En Ecuador todavía se preguntan quién autorizó a Sinohydro a hacer un gigantesco dique en un lugar de montañas que rodean al Reventador, un volcán activo que tuvo una última erupción importante en 2002.

En ese sentido arranca esta semana en Ecuador el trabajo de la Comisión de Fiscalización por Coca Codo Sinclair, un órgano legislativo formado en el seno de la Asamblea Nacional ecuatoriana para investigar las irregularidades cometidas en la construcción de la presa. Según revelaron medios de ese país, son cinco al menos las líneas de trabajo que se están llevando adelante. Entre ellas la falta de estudios actualizados para la construcción de la presa, el sistemático aumento del costo de la obra y las amenazas de erosión que ya están registrando a pocos kilómetros de la represa. Como derivación política el escándalo roza al expresidente Lenin Moreno, quien está citado a declarar por su participación en el proyecto cuando se desempeño como vicepresidente de Correa. Los costos de reparación de lo que los chinos hicieron mal en Ecuador, suman ya más de U$S 1.000 millones.