Clases presenciales: el Gobierno no cree que la Justicia las suspenda

Clases presenciales: el Gobierno no cree que la Justicia las suspenda

"¿En qué país se pueden detener clases por decisión de un juez de primera instancia?", es la pregunta retórica del equipo de Suarez, que por supuesto descree de que algo así pueda o deba ocurrir. Sostiene además que el PJ no ha reprochado su decisión de interpretar el DNU para no cerrar escuelas.

Juan Carlos Albornoz

Juan Carlos Albornoz

El fallo que emitirá hoy la Corte Suprema de Justicia sobre las clases presenciales en CABA genera una expectativa muy relativa en el Gobierno de Mendoza. Rodolfo Suarez, ciertamente, eludió, como Horacio Rodríguez Larreta, la orden presidencial de cerrar las escuelas. Pero bajo la estrategia jurídica de no confrontar con la Nación y con la convicción de que la autonomía de la provincia se lo permitía.

En el entorno de Suarez insisten en que el decreto 555, que le dio la espalda a la suspensión de clases por 21 días, solamente interpretó el DNU 281 a partir de los márgenes de aplicación que, según consideran, la propia letra brindaba.

Por eso, toman distancia de lo que resolverá hoy la Corte de la Nación, cuyo corazón es la autonomía de Ciudad de Buenos Aires para diferenciarse del área metropolitana (AMBA), que a la hora de las restricciones nacionales han sido considerados un todo. En otras palabras, no cree que la sentencia convalide o no en algún punto la decisión del gobernador Suarez de no aplicar las clases virtuales.

De acuerdo con estos razonamientos, nadie da señales tampoco de estar muy preocupado en construir una estrategia de defensa. Ante la consulta específica, se plantea por ejemplo que la autonomía de las provincias es mucho más antigua que la de CABA: se definió en 1853, no en la reforma de  1994, cuando se estableció un régimen de gobierno autónomo para la Ciudad de Buenos Aires.

Además, no ha detectado en el ámbito provincial que su principal rival político, el PJ, haga planteos jurídicos de cuidado por la posición del Gobierno. La ronda previa al dictado del decreto provincial 555 incluyó a los intendentes del peronismo, quienes sólo pusieron reparos desde lo práctico ante las decisiones de Suarez.

En la charla con los intendentes, se escucharon las disidencias de Emir Félix (San Rafael) respecto de las clases presenciales (aunque no lo planteó desde lo jurídico) y de Florencia Destéfanis (Santa Rosa), quien pidió más rigor en un punto ajeno a la educación: reclamó que las compras por terminación de DNI rijan para todos los días de la semana, no solamente de lunes a jueves.

El Gobierno provincial, que pretende ser gradualista y tiene la idea de ir aumentando las medidas conforme se agrave el panorama, se plantó en lo que había decidido.

No cree el Poder Ejecutivo que las decisiones de los últimos decretos puedan tropezar con alguna medida judicial, más allá de que hay causas en tribunales que reclaman que se suspendan las clases. Había tres hasta ayer, cuando el diputado Mario Vadillo introdujo la cuarta: una presentación en un juzgado civil de General Alvear en nombre de una docente para que se suspendan las clases presenciales en ese departamento.

Los otros tres expedientes son un amparo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y acciones del SUTE y la CTA que han sido unificados en el tribunal de gestión judicial Asociada en lo CIVIL 2, a cargo de la jueza Patricia Fox.

El Gobierno provincial ya contestó el amparo y queda por expresarse en esa causa la Fiscalía de Estado, que lo hará durante la jornada de hoy, después de que se conozca el fallo de la Corte sobre el conflicto en CABA.

Si bien separa la disputa en Ciudad de Buenos Aires de las otras causas, la opinión en el Poder Ejecutivo es crítica respecto de la judicialización de las medidas de emergencia. "¿En qué país se pueden detener clases por decisión de un juez de primera instancia?", es la pregunta retórica que brota del equipo de Suarez, que por supuesto descree de que algo así pueda o deba ocurrir.  

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