IMPSA: la historia completa del rescate de un dinosaurio que une a Alberto Fernández y Rodolfo Suarez

Cada vez que salía una pieza de una turbina desde la planta de Rodríguez Peña, o una pala de un aerogenerador del galpón de Ceretti, era un acontecimiento social. Monstruos construidos en Mendoza, avanzando a paso lento para ser instalados en alguna represa, o parque eólico de cualquier lugar del mundo. Ese "Made in Mendoza" fue parte de algún orgullo local por el valor agregado que exportaba IMPSA, una empresa creada hace más de 100 años, que entró en una profunda decadencia en la última década. Tanto, que fue parte de las intrincadas relaciones políticas y comerciales con Venezuela y Brasil. también de las tramas de corrupción interna y externa que aún se investigan y ahora es "estatal", en un proceso con pocos precedentes porque se trata de un rescate a pedido y con algunos anabólicos. En la era de los "unicornios", el estado nacional y el Gobierno de Mendoza rescatan un dinosaurio. 

La analogía no es justa en realidad con el potencial que aún tiene IMPSA en su interior: es la única empresa nacional con los "fierros" para construir turbinas y hasta reactores nucleares y, sobre todo, tiene los cerebros que pueden imaginarlos. Pero así como no hubo interés de nadie para comprarla, la empresa tiene que reconstruir algo más que su estructura financiera para conseguir contratos y ahora con la impronta del estado en la gestión. Mientras tanto, apuntan a que sea el propio Estado el que también la rescate con proyectos a adjudicar; algunos casi planificados a la medida de su horma, como Portezuelo del Viento. Ese es un caso particular, porque ahora el "estado podría adjudicarse a sí mismo" una obra que por ahora tiene un precio muy por encima de lo previsto: un solo oferente, con IMPSA como bandera y un chino como garante. Un presupuesto de 820 millones de dólares, pero una propuesta del único consorcio que supera los 1100 millones de dólares para una obra (Portezuelo) que cada vez es más puesta en duda por el sentido de oportunidad, la eficiencia que puede tener entre el costo y ganancia y por la trabazón política que aún no se resuelve.

Quién es quien 

IMPSA necesita recursos frescos para cumplir con algunos de sus compromisos, como las turbinas de El Tambolar y el reactor Carem. Tanto, que en los documentos internos asegura que no puede encarar proyectos que no tengan recursos asegurados.  La consigna para justificar la capitalización de la empresa con fondos públicos es que ahora IMPSA podrá salir a competir al mundo. La duda es si el mundo quiere comprarle a IMPSA con el cambio de modelo y con el peso de sus problemas.

Tras el largo proceso de reestructuración de la deuda (que incluyó dos APE) y que permite patear para adelante las obligaciones por más de 500 millones de dólares, la empresa fue "estatizada" con pocos recursos: 20 millones de dólares alcanzaron para que el Estado nacional y Mendoza se conviertan en accionistas mayoritarios, relegando a otros "dueños" y casi dejando de lado a la familia fundadora, los Pescarmona (que quedaron como accionistas testimoniales). 

El Gobierno nacional ya controlaba la empresa a través del presidente del directorio, pero ahora se replanteará el esquema porque se aumentó la cantidad de directores y se sumó el estado mendocino. Allí el Gobierno local debe designar a un representante, así como a un síndico. El CEO de la compañía es Juan Carlos Fernández, un hombre "nacido y criado" en IMPSA y quien llevó adelante el plan de resucitación de la empresa. Su gestión vence y ahora el Estado debe decidir si lo deja en la conducción o no. 

Pero del lado mendocino hay otra pata importante. IMPSA quedó bajo el control de otro "pequeño monstruo" que cada vez crece más. Se trata de EMESA, la empresa local de energía que administra todos los proyectos energéticos en los que el Estado es parte. Todos los proyectos petroleros, eólicos, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos e incluso el gigante Portezuelo del Viento están bajo el control de EMESA. Ahora también IMPSA. Esa empresa estatal que absorberá el control de la metalúrgica es conducida por Pablo Magistocchi, un técnico a quien le reconocen capacidad y conocimiento del sector. Nada nuevo: Magistocchi es un "hombre de la casa", pues trabajó durante años en IMPSA, al igual que el ex subsecretario de Energía Emilio Guiñazú (que fue uno de los líderes de IMPSA en Brasil, la división que terminó de hundir a la empresa) quien ahora está en la estatal Potasio Río Colorado. Todos vienen de la misma semilla, todos ahora recayeron en el negocio híbrido de la energía mendocina. 

EMESA es un caso particular. Fue creada e impulsada por el ex gobernador peronista Francisco Pérez y bajo recomendación de Miguel Galuccio, el primer CEO de la nueva YPF estatal. Y la empresa se transformó en un engranaje clave durante el gobierno de Alfredo Cornejo (con Neme como titular) y ahora en la gestión de Rodolfo Suarez. Un "proyecto peronista aprovechado por los radicales". 

Historia tortuosa

Si bien la historia es larga, hay algunos hitos aún frescos que grafican la decadencia de IMPSA, donde la política y hasta las relaciones internacionales tienen mucho que ver, sobre todo con Brasil y Venezuela, país del que la empresa sigue dependiendo ex extremo. IMPSA se expandió y creó una división propia en Brasil. Allí montó un planta para poder desarrollar fuertemente el negocio de la energía eólica

. Los problemas en los contratos (se anularon varios proyectos) y en los pagos golpearon fuertemente y la empresa no pudo hacer frente a sus obligaciones. Incluso a préstamos que había contraído con el Banco Interamericano de Desarrollo, institución que tuvo algún alerta de su división de integridad por dudas sobre la transparencia de la empresa. Algo similar ocurrió con los contratos en Venezuela, donde participaba como proveedor de turbinas en las represas de Macagua y Tocoma. El gobierno venezolano dejó de pagar y el propio Enrique Pescarmona declaró en la justicia que hubo presiones políticas en Argentina: aseguró que para destrabar los pagos, debía ceder a los pedidos de Julio De Vido y otros funcionarios locales. Dijo que, por ejemplo, cuando comenzó a pagar las coimas, se destrabaron pagos del gobierno de Venezuela. 

El otro hito reciente es, justamente, el capítulo de los "cuadernos de la corrupción", donde el ex dueño de IMPSA aceptó que pagó coimas al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Así estaba registrado en los cuadernos de Centeno y así lo ratificó en el expediente. Dólares y vinos como obsequio iban en los bolsos. Según Pescarmona, De Vido le dijo que debía ceder la empresa. IMPSA estaba en crisis y sí había pedido ayuda oficial. La respuesta, según el empresario, era que la dejaran en manos amigas. Las coimas se pagaron, la empresa siguió en decadencia y ahora el Estado es dueño, con muchos dirigentes políticos que fueron parte de todo el proceso, como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

IMPSA tuvo varias reestructuraciones y evitó la desaparición porque los acreedores, muchos de ellos estatales, fueron "resilientes". Hubo un Acuerdo Preventivo Extrajudicial que tuvo que ser replanteado en un segundo APE a fin del año pasado. La deuda es de más de 520 millones de dólares, pero se pateó para adelante. Antes, intentaron venderla y la consultora contratada para tal fin no tuvo éxito. Igual que ocurrió con Potasio Río Colorado, el Estado la rescató. 

Los 20 millones de dólares que consiguió y que serán pagados una parte ahora y otra en cuotas, no alcanza para cubrir el capital de trabajo que necesita la empresa para cumplir y expandirse. Por eso buscarán recursos a través de obligaciones negociables. En el prospecto de esas ON, figuran los riesgos tangibles que tiene. Uno de los condicionamientos es que gran parte de los proyectos sostén de la empresa dependen del sector público, es decir de la inversión que los estados (y en este caso el argentino) hagan en proyectos hidroeléctricos y eólicos. También mencionan como externalidad negativa el contexto macroeconómico. Pero suman debilidades propias que le restan competitividad, como la falta de solidez. "IMPSA enfrenta una mayor competencia en los mercados en los que opera. Sus competidores tienen recursos financieros y acceso al financiamiento significativamente mayores... Cualquiera de estos factores podría ocasionar desventajas competitivas para la Compañía en relación con determinadas licitaciones y, por lo tanto, podría tener un impacto sustancialmente adverso sobre la capacidad de la Compañía para competir exitosamente por contratos de bienes de capital", aclaran.

El otro dato clave es que va a necesitar más recursos de los que se aportaron ahora para poder ser sostenible. "La Compañía ha mantenido, y prevé continuar manteniendo, una importante demanda de liquidez y recursos de capital, principalmente para financiar la actual ejecución de sus proyectos de fabricación de bienes de capital", reconocen. IMPSA solo participa de proyectos que tienen "flujos de fondos positivos".

La nueva etapa tiene como socios a Alberto Fernández y Rodolfo Suarez, dos dirigentes de proyectos políticos distintos que ahora están unidos en una aventura. El Presidente podría venir a "inaugurar" la nueva etapa. Un proceso que recién comienza.