Los negocios de riesgo que tomó el Estado mendocino con las mismas empresas

Mendoza atraviesa una crisis económica y social que se potenció con el impacto de la pandemia. El propio Gobierno tiene una angustia interna: cómo hacerle frente a esa realidad que marca una caída de la economía de casi el 10%, poca dinámica y un clima negativo. En ese contexto, Mendoza se metió en otros negocios "de riesgo": se hizo cargo de emprendimientos que en el sector privado nadie quiso y que ahora debe reflotar con dinero, energía y estrategia estatal. Es el caso de Potasio Río Colorado, el de IMPSA y también algunos activos petroleros.

Los dos grandes proyectos que engloban las esperanzas son Portezuelo del Viento y la posibilidad de reconvertir la "ciudad" de Potasio Río Colorado en un centro logístico y de producción relacionado con la energía. Justamente hay vinculaciones y relaciones comunes. Mendoza canaliza los proyectos energéticos a través de EMESA, la empresa provincial de energía. Esa firma tiene a cargo, por ejemplo, el fideicomiso de Portezuelo del Viento y los trabajos previos para realizar la obra. Por eso si avanza tendrá vinculación directa con el consorcio Malal Hue, el único oferente que tiene a IMPSA como líder espiritual. IMPSA ahora es estatal y por eso serán más que socios.

No es el único vínculo con el consorcio, pues EMESA es socio de la constructora CEOSA en varios pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y otros relacionados con la energía limpia. CEOSA es otro de los socios del único consorcio que postula para quedarse con Portezuelo del Viento y cuya oferta está en análisis porque es mucho más elevada que el presupuesto oficial. EMESA, IMPSA y CEOSA son ejes de los proyectos, pero dependen de la espalda que le de el Estado para funcionar. Esa espalda es la estatización de la metalúrgica, los dólares de Portezuelo (se pidieron más de 100 millones de dólares de adelanto en caso de que se adjudique) y de la confianza que se pueda crear.

Riqueza diluida

La historia de Potasio Río Colorado es extensa, pero desde hace una década se transformó en un karma, una frustración más. Incluso Mendoza cobró por adelantado ganancias que el proyecto nunca tendría. Mendoza tiene una de las reservas de ese mineral más grandes del mundo, pero con problemas logísticos para explotarlos por los costos que implican. Desde que el Estado hizo los trabajos de exploración y que la minera TEA lo desarrollara, la empresa inglesa Río Tinto desarrolló el proyecto. Pero en 2008 lo vendió a la brasileña Vale por U$S 850 millones. PRC se convirtió en uno de los proyectos mineros más grandes de la región y comenzó su construcción para comenzar a explotarlo en 2014 con un horizonte de 50 años.

Pero todo cambió. En 2012 comenzó la parálisis de los trabajos, y el proyecto fue abandonado en 2013. Desde entonces hubo idas y vueltas. El Estado mendocino le otorgó distintas prórrogas a la empresa y evitó sanciones. La intención de Vale era hallar un comprador, que nunca apareció. Incluso la empresa estadounidense Mosaic compró toda la división fertilizantes de Vale, pero excluyó del negocio a Potasio Río Colorado porque no era económicamente viable.

Incluso el plan "a escala" elaborado para buscar inversores tampoco superó la etapa de viabilidad. El acuerdo al que llegó el Gobierno con Vale fue "de buenos oficios". El Estado no sancionó ni le quitó concesiones a la empresa. Vale le entregó la concesión y los activos, junto con un plan de mantenimiento por los primeros años. El acuerdo incluye cláusulas confidenciales que solo fueron reveladas a los legisladores que, bajo compromiso firmado, se comprometieron a no informar. Potasio Río Colorado SA es del Estado y el proyecto aún debe superar algunos litigios. El Estado de Neuquén, por ejemplo, ganó una demanda por la deuda que tenía la empresa por el no cumplimiento de la construcción de la traza del tren.

Potasio Río Colorado es una empres "espejo" ahora con el Gobierno. La presiden Enrique Vaquié, Víctor Ibañez y Mario Isgró. Y el gerente General es Emilio Guiñazú, quien dejó su cargo de subsecretario de Energía hace un mes para cruzarse a la gestión de PRC. Esa empresa tiene sede legal en Buenos Aires, pero será trasladada a Mendoza. Hoy, aseguran, la empresa es más una montaña burocrática a ordenar que una minera que esté cerca de producir. 

Los dos grandes socios del Estado son y serán IMPSA y CEOSA. En el caso de la constructora, ya es parte de varios proyectos cogestionados con EMESA. Es lo que ocurre con el Pequeño Aprovechamiento Hidroeléctrico del canal Cacique Guaymallén, también con el PAH Las Tunas.

El gran proyecto en común es Portezuelo del Viento. Esa obra espera por ser adjudicada, pero aún no se conoce cuál será la "oferta mejorada" que presentará la empresa. El Estado tomó el camino de la "resiliencia" con el proyecto y con las empresas que postulan para hacerlo. Es lo que hizo con IMPSA, firma de la que ya es uno de los controladores. En lo formal, aseguran que esa empresa quedó "de pie" para intentar reencaminarse. Pero falta lo más importante: que cumpla los contratos vigentes, que pueda competir por proyectos nuevos y, lo más importante, que recupere confianza.