Procesaron a integrantes de Camioneros por el robo de vacunas contra la covid-19
La causa es por la desaparición de 30 dosis de Sputnik V. La maniobra ilícita involucra a dos funcionarios del gobierno y dos enfermeras
El 8 de febrero el personal del Área Programática Sur, un organismo dependiente de la cartera de salud de Chubut, detectó el faltante de 30 ampollas de Sputnik V que habían llegado a la provincia un mes antes, en un lote de 1.500 dosis.
Hoy procesaron a 24 acusados del hecho: cuatro funcionarios públicos y 20 integrantes del gremio de Camioneros. Según el informe del Ministerio Público Fiscal de la Nación, las dosis se utilizaron para vacunar al personal del sindicato en Comodoro Rivadavia.

Según explicaron, un empleado del personal de salud de Camioneros compró las vacunas a la enfermera del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Analía Muñoz. Según la jueza Eva Parcio De Seleme , Muñoz se encargó después de sustraer las dosis “en el contexto de caos reinante en torno al proceso de vacunación, al no existir medidas de seguridad en relación a dichos bienes esenciales, un deficiente control, registros y protocolos al respecto, todo lo cual debía haber sido instrumentado por los funcionarios responsables”, como marca en el fallo de procesamiento.
Luego, 20 personas del sindicato fueron vacunados y la propia Muñoz y su compañera Gabriela Torres estuvieron a cargo de aplicar las dosis.

Muñoz fue procesada por malversación de caudales públicos y se le fijó un embargo de 2 millones de pesos. A Torres se le imputó haber ayudado para coordinar la maniobra y se la consideró autora penalmente responsable del delito de encubrimiento.
También fue imputado el empleado del área de Salud del sindicato como instigador del delito de malversación de caudales públicos.
Para Parcio De Seleme, además hubo un rol clave de dos funcionarios públicos en toda la maniobra: primero de Jorge Benítez, jefe de la División de Epidemiología y Enfermedades Prevalentes del Área Programática Sur del Ministerio de Salud de Chubut, quien ocupaba la función de “garante del resguardo de las vacunas” y tenía bajo su responsabilidad la Cámara de Vacunación, y fue procesado como autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público; segundo de Daniela Cocha, quien fue procesada por el delito de malversación culposa de caudales públicos, y era la encargada de coordinar la entrega diaria de las dosis necesarias.
Al resto de los sindicalistas se los procesó por encubrimiento.
Fuente: Infobae

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