Crisis, pobreza e incertidumbre: las consecuencias de gobernar "con mala fe"

Crisis, pobreza e incertidumbre: las consecuencias de gobernar "con mala fe"

La Nación, las provincias y los municipios trabajan de manera descordinada. Los problemas de poner las tensiones políticas por encima del bien común.

Pablo Icardi

Pablo Icardi

La sentencia de la Corte Suprema que ratificó las potestades de cada jurisdicción para decidir sobre las clases presenciales en realidad sentó otras bases que para muchos pasaron desapercibidas. Incluso para los "demandantes", es decir, la oposición al gobierno nacional. Los jueces de ese tribunal ratificaron el federalismo, la entidad que tiene la nación, las provincias y los municipios para tomar decisiones y defender su espacio. Pero avanza sobre un concepto que puede ser clave para entender por qué en Argentina en general, y en Mendoza en particular, nada se puede resolver; todo es litigio. La Corte habla de "buena fe". Sí, de esa extraña característica que cualquier relación, incluso entre oponentes, debe tener si el objetivo es el bien común. 

Pues probablemente la principal distorsión en la política local sea esa, que no hay buena fe. "El sistema federal constitucional argentino se funda en el principio de 'lealtad federal' o 'buena fe federal', conforme al cual en el juego armónico y dual de competencias debe evitarse el abuso de las competencias de un Estado en detrimento de los otros", aseguraron los jueces. Esa idea apunta a una convivencia que hoy parece utópica. "El ideario federal en el que descansa nuestro sistema de gobierno parte de la base de que el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios coordinan sus facultades 'para ayudarse y nunca para destruirse'”. 

La sentencia pasó de largo. El Gobierno nacional y la oposición van camino a un nuevo choque de trenes que volverá a poner en tensión institucional a la Nación, las provincias y los municipios. El proyecto de ley que envió el Ejecutivo es una ratificación de los postulados que están en el DNU al que Mendoza y otros distritos no le hicieron caso. En la Cámara de Diputados, el oficialismo recolecta votos del mismo modo que con leyes anteriores, con el mendocino José Luis Ramón como abanderado. Va a ocurrir con la ley para establecer los parámetros para administrar la pandemia y también para otros temas más delicados, como la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal. 

La oposición, que tiene el Gobierno en varios distritos, ya anuncia desobediencia. Pero incluso hacia adentro de cada distrito se reproduce el modelo: Rodolfo Suarez desoye sugerencias y reclamos de algunos intendentes, de la misma manera que a él le ocurre a nivel nacional. Emir Félix puede tener razón o estar errado. Pero lo cierto es que también tiene, como intendente, facultades para administras lo que ocurre en su territorio (probablemente no con la educación, pero sí con el resto).  La misma Corte incluye a los municipios en el esquema federal. La Constitución de Mendoza, que atrasa 100 años, no les da autonomía; pero la Carta Magna nacional sí y la justicia lo ha ratificado: los municipios tienen autonomía. En ese contexto la disputa epistolar entre Suarez y Félix parece infantil y atrasa. 

Alberto Fernández no le da entidad a las provincias, Rodolfo Suarez subestima la competencia de los intendentes. Así, el debate sobre cómo se administra la estrategia para enfrentar la pandemia parece más una disputa por poder que por el bien común que pregona en su sentencia la Corte. 

Ni siquiera hacia adentro del gobierno nacional parece haber buena fe. Y lo sufre el propio Presidente y su gabinete, cucando recibe fuego amigo.  La crisis es de "mala fe" y hasta moral. Tanto, que se corren los límites de tolerancia al punto de que el Procurador del Tesoro haga gala de privilegios autootorgados para justificar su vacunación irregular. Si Carlos Zanini, que debería ser garante de transparencia, se cree parte de una casta que merece vivir por encima de las leyes que él debe proteger, todo está permitido. 

Agendas distintas

Mientras tanto, Argentina se desgrana. En abril del 2020 Mendoza y también el gobierno nacional apuntaban cuáles podrían ser los principales problemas surgidos por el impacto de la pandemia. Esto, fuera de lo estrictamente sanitario. El aumento de la pobreza, la desocupación, la desigualdad y como coletazo los problemas en la seguridad ciudadana estaban en esa lista. Pues, el pronóstico se cumplió y lo que ocurre no debería sorprender. 

Sin embargo la agenda política corre por un lado, la realidad por otro. Esta semana el dato del impuesto a los pobres que representa la inflación es un preludio sobre cómo se va a agudizar la crisis social. Para la mitad de las familias la inflación anualizada ya superó el 50%. Es la inflación de los alimentos, lo que determinará el aumento de la pobreza a niveles dramáticos.

La inflación anualizada es del 46,6%. Pero la inflación de alimentos, que es la que golpea a los más vulnerables, en un año fue de 52,5%. Cualquier sondeo de opinión pone a ese tema como el principal motivo de preocupación de la comunidad; sumando además los problemas de empleo y la pobreza.

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