Cambiemos denunció ante la OEA "deterioro institucional" en Argentina

Integrantes de Juntos por el Cambio presentaron un informe de 104 páginas ante la OEA para denunciar un presunto "deterioro en las instituciones" de la democracia en Argentina. En concreto, el exministro de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri, Germán Garavano, y la exembajadora Paula Bertol se presentaron ante la OEA para denunciar “el deterioro institucional” de la democracia argentina y señalaron que está “amenazada por hechos que avasallan la independencia judicial".

Según informó el diario La Nación, el informe denuncia “ataques a la independencia de jueces y fiscales”; la reforma judicial, a la que consideran “el uso de un objetivo legítimo para terminar con la independencia judicial, concentrar el poder y lograr impunidad”, y los “ataques a la Corte Suprema de Justicia”.

Entre otras cosas, el informe consigna una enumeración de los “intentos de retrotraer inválidamente traslados de jueces encargados de juzgar casos de corrupción”, lo cual consideran “una interferencia más en la independencia de la justicia en la búsqueda de concentrar el poder”.

Además, apuntaron contra los cambios que viene impulsando el Gobierno nacional sobre el Ministerio Público Fiscal junto a la elección del Procurador General de la Nación. Por otra parte, y poniendo como ejemplo el caso de Vicentin, mencionan “las presiones a la Justicia para ejercer políticas de venganza contra opositores políticos”. 

También se refirieron como "hechos graves" a la intimación que el Ejecutivo realizó mediante la Anses para que más de doscientos jueces se jubilen. En este sentido, describieron también como un “debilitamiento de las estructuras institucionales, la búsqueda de impunidad, la actuación de la Oficina Anticorrupción, la protección a los ‘amigos’ en los casos que involucraron a Amado Boudou y en la causa Vialidad”. 

En la denuncia, advierten que “el Gobierno busca generar inestabilidad en los jueces actualmente en ejercicio” y en “todo aquel que pretenda contradecir las posturas gubernamentales, poniendo en grave peligro la independencia judicial”.

Por último, entienden que se viene practicando una “violación al principio de separación de poderes, aprovechando la situación generada por la actual crisis sanitaria para acrecentar ilegítimamente el ámbito del poder y reducir los espacios de libertad de los ciudadanos”.