Cómo defenderá el Gobierno el aporte urgente de fondos para IMPSA

Cómo defenderá el Gobierno el aporte urgente de fondos para IMPSA

Quien hablará con los legisladores es el ministro de Economía, Enrique Vaquié. El plan consiste en la inversión de 5 millones de dólares, aunque apuestan a que buena parte de esos fondos lleguen en forma de ATN nacionales. Resaltarán la necesidad de salvar "más de 700 empleos privados".

Juan Carlos Albornoz

Juan Carlos Albornoz

El ministro de Economía, Enrique Vaquié, defenderá el lunes que viene en la Legislatura la compra de acciones de la empresa IMPSA. Dos argumentos maneja el Gobierno provincial para que se apruebe este proyecto. Por un lado, la necesidad de sostener el empleo directo e indirecto que genera. Por el otro, la posibilidad de que la Nación cubra al menos una parte de los gastos que debería hacer el Gobierno provincial

De acuerdo con el proyecto oficial, Mendoza deberá invertir alrededor de 5 millones de dólares para rescatar a IMPSA. El 25 por ciento de esa suma es efectivo que deberá depositar "a más tardar el 16 de abril", según indica el texto. El resto se entregará en cuotas de acuerdo con un cronograma a pactar.

Pero la inversión provincial depende además de que la Nación adquiera las acciones de IMPSA "en proporción mayoritaria". Es decir, de los 20 millones de dólares en acciones clase C que la empresa les ofreció a los estados nacional y provincial, la Nación debería adquirir el equivalente a 15 millones y la Provincia el resto.

En este sentido, desde el oficialismo agregaron que ya hay charlas para ir cubriendo los recursos que demandará el ingreso del Estado provincial a IMPSA a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). No se sabe todavía si todo lo que tendría que pagar la Provincia entrará vía subsidios nacionales, aunque en el radicalismo mendocino dicen que habrá gestiones para que así sea.

El camino para la participación estatal en IMPSA se abrió a partir de la última reunión de directorio de la empresa, que fue realizada el 16 de marzo pasado. Allí se aprobó un "aumento del capital social de la compañía" por un total de hasta 1.817,2 millones de pesos.

Esa suma, en acciones, fue ofrecida al Estado provincial y a la Nación, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo.

En concreto, el proyecto enviado a la Legislatura refleja una situación de ahogo en IMPSA (problema que ya había generado una asistencia nacional en 2020) y el interés en salvar "empleos privados" que tiene el Gobierno provincial.

"Se desprende de las comunicaciones cursadas por IMPSA que, de fracasar el aumento de capital encarado a partir del proceso descripto precedentemente, la empresa no obtendrá el aumento de capital que le permita contar con el capital de trabajo necesario para el desarrollo normal de sus operaciones, lo que pondrá en peligro las fuentes de trabajo. Siendo necesario destacar que la empresa cuenta con 720 empleados directos, como así también una importante cantidad de puestos indirectos a través de su interacción con pymes proveedoras de bienes y servicios", dicen los fundamentos del texto.

Allí se agrega: "Frente a la actual situación socio económica en que se encuentran el País y la Provincia, agravada por las condiciones generadas a partir de la pandemia, no resulta menor tener en consideración la necesidad de realizar los esfuerzos necesarios a fin de mantener y consolidar estos puestos de empleo privado".

El privado por su lado aclaró por nota que los fondos se destinarán "exclusivamente a atender su urgente necesidad de capital de trabajo de corto y mediano plazo, incluyendo sus costos operativos, pago de salarios, contribuciones e impuestos, el avance de los proyectos en marcha y los nuevos que obtenga", entre otras cosas.

La empresa que perteneció a Pescarmona es caracterizada en el proyecto como una firma estratégica por su capacidad tecnológica y de innovación y que mucho tuvo que ver antaño con el desarrollo de la provincia.  Pero el peso de IMPSA se refleja también en la actualidad, ya que forma parte de la UTE que pretende hacerse cargo de la construcción de la represa Portezuelo del Viento.

Justamente este miércoles en el Poder Ejecutivo se abrieron los sobres con las seis alternativas de precio que puso la UTE Malal-Hue, que aspira a cobrarle al Estado mendocino entre 884 millones de dólares y 1.063 millones de dólares por la obra del siglo.

La empresa china Sinohydro Corporation lidera la UTE junto a IMPSA, CEOSA y Obras Andinas.

El proyecto para que la Provincia compre acciones de IMPSA no menciona los efectos que podría tener una crisis mayor de la empresa en la licitación de Portezuelo, que tiene un solo oferente. "Pueden incorporar a otra empresa para que cubra esa parte", simplificaron en el oficialismo, tras insistir que el argumento para ayudar con plata a este privado emblemático de Mendoza pasa por otro lado.

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