El Gobierno dice que Migraciones servía para "el espionaje ilegal"

A través del decreto 138/21, el presidente Alberto Fernández anuló los cambios dispuestos por Macri en la Ley de Migraciones. Según indicó el Gobierno, el DNU del expresidente “modificó aspectos sustanciales” de la normativa que “resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.

Entre otras reacciones, la decisión de Fernández generó el rechazo de varios referentes de Juntos por el Cambio e incluso dentro del mismo gobierno, como el ministro de Seguridad Sergio Berni, quienes advirtieron que la medida facilitará la actividad del narcotráfico y del crimen organizado en el país.

Por su parte, el Gobierno sostiene que la anulación del DNU de Macri no flexibiliza los controles inmigratorios. “Los impedimentos para el ingreso de extranjeros son exactamente iguales en el decreto 70 y en la ley que se restituye hoy”, remarcó Carignano en un comunicado difundido en la tarde de ayer por la cartera del Interior.

El decreto firmado por Mauricio Macri en 2017 endurecía los controles para impedir el ingreso a la Argentina de extranjeros vinculados al delito. Sin embargo, el Gobierno nacional sostiene que la gestión de Cambiemos montó “un sistema de espionaje ilegal” en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), para hacer un seguimiento de políticos, sindicalistas, empresarios, periodistas, deportistas y artistas.

Desde el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo “Wado” De Pedro, argumentaron que el DNU 70/17 “fue un acto de propaganda” de la administración anterior que no generó “ninguna mejora” en la gestión de las fronteras. “No sirvió para nada y era inconstitucional”, informó la DNM, a cargo de Florencia Carignano.

Además, según informa La Nación, "la titular de Migraciones acusó a la gestión de Macri de haber montado 'un sistema de espionaje ilegal' para hacer un seguimiento sobre los ingresos y egresos al país de 58 mil personas, entre las que se encontraban políticos, sindicalistas, empresarios, periodistas y artistas".

“Este seguimiento ilegal, que viola además la protección de datos personales, no contaba con ninguna autorización judicial ni requerimiento formal alguno”, indicó Florencia Carignano.

Por tal motivo, las autoridades de Migraciones presentaron una denuncia penal contra los exfuncionarios del macrismo el 22 de octubre del año pasado. Actualmente, la denuncia se tramita en el juzgado nacional en lo criminal N° 2.