Los casos de violencia de género que sacuden a la escuela policial: una víctima fue eximida de ir a trabajar

Una jueza laboral eximió a una empleada del Instituto Universitario de Seguridad Pública de la obligación de ir a trabajar para protegerla ante la posibilidad de sufrir violencia de género.

Así lo resolvió la jueza de cámara Flavia Baños ante el pedido de M.J.P. , una docente del IUSP. La docente se encontraba en uso de una licencia psiquiátrica y acudió a la Justicia para denunciar a la cúpula del instituto que forma a los futuros policías por diversas irregularidades.

La docente no concurre a su lugar de trabajo desde que se inició la pandemia y debía reintegrarse al IUSP. Frente a sus denuncias, en virtud de la ley de Violencia de género, la jueza Baños la "protegió" de ir a trabajar en esas condiciones, con todas las garantías salariales, durante 90 días hábiles.

La jueza también ordenó que se notifique al Ministerio de Seguridad, la Inspección General de Seguridad y la UNCuyo "a los fines de la implementación inmediata de las correspondientes medidas de investigación ante las irregularidades denunciadas en la presente causa".

Baños no resolvió la cuestión de fondo pero sí concedió una medida precautoria urgente. Ahora analiza si es competente para investigar las irregularidades denunciadas por Pederzoli o si corresponde que la causa pase a otro ámbito de la Justicia. Sus denuncias son contra "la cúpula" del instituto y particularmente contra el director general del IUSP, Alejandro Antón.

Pero esta docente no es la única empleada del IUSP que manifestó situaciones de acoso. Otras empleadas prestaron declaración ante la jueza Baños y han hecho públicas sus denuncias en ámbitos gubernamentales y legislativos.

Es el caso de una nota que dirigieron varias empleadas y una ex empleada, a la presidenta del Consejo de Administración de IUSP, Milagros Suarez. 

"Desde el comienzo de la actual gestión del IUSP hemos sufrido en distintas ocasiones y formas, acoso laboral, arbitrariedad y hasta acoso sexual", señala la nota dirigida a Suarez.

En todas las denuncias, las mujeres relatan actitudes de hostigamiento y amenazas por parte de las autoridades del IUSP.

La crisis de la institución tiene otros condimentos. Existen conflictos de poder entre los directores y Antón ha sido cuestionado por sus pares por echar a un coordinador, con lo cual, dicen, se excedió de sus facultades. El director general fue consultado anoche por MDZ, pero no dio ninguna respuesta.

El instituto que forma a los policías mendocinos es una fundación que manejan en conjunto el Gobierno provincial y la UNCuyo. El órgano más importante es el Consejo de Administración, que es presidido por una funcionaria que responde al gobernador: Milagros Suarez.

Todavía no se sabe cuándo tendrá una reunión el consejo para resolver cómo siguen las autoridades del instituto, ya que Antón, el director general, tiene el mandato vencido desde diciembre. Y hay versiones de que podrían haber más renuncias en el directorio.

"Mientras el gobernador no pida la renuncia, siguen los que están", se limitó a decir la semana pasada Milagros Suarez, ante la consulta de MDZ.

A continuación, las denuncias ante la presidenta del Consejo de Administración: