Alberto Fernández permitió el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales

Alberto Fernández permitió el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales

El presidente derogó el decreto que había firmado Mauricio Macri que establecía controles más estrictos en materia migratoria para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros.

MDZ Política

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Durante la presidencia de Mauricio Macri se había puesto una traba más al ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales. Sin embargo, este viernes se publicó un decreto de Alberto Fernández que deroga la política migratoria establecida por la gestión anterior.

Mediante el decreto 70, en el año 2017 Macri había modificado la Ley de Migraciones creando un "procedimiento migratorio especial sumarísimo" que permitía expulsar a delincuentes extranjeros pero también impedir el ingreso de personas con antecedentes penales. La restricción contemplaba a condenados o procesados “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad”  o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”. 

Pero en el gobierno actual interpretan que la disposición resulta "irreconciliable con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos". "Cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”, enumera.

Por este motivo, Alberto Fernández decidió derogar el decreto de Mauricio Macri agregando que en los hechos esa normativa "no evidenció “mejoras ponderables en otros aspectos” sino que en realidad "agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.

Tal es así que existe un fallo del 2018 que declara la “invalidez constitucional” del decreto por presentar “caracteres regresivos incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos vigentes en nuestro ordenamiento jurídico”. 

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