Polémico: Gioja pide embargar el patrimonio de funcionarios macristas que firmaron con el FMI

Luego del anuncio realizado por el presidente Alberto Fernández para impulsar una querella que investigue el acuerdo firmado con el FMI en 2018, José Luis Gioja solicitó al Poder Ejecutivo, a la Oficina Anticorrupción y a la Sigen que instruya "los mecanismos para promover acciones de responsabilidad patrimonial" contra los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri que participaron en la operación.

A través de un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados, Gioja advirtió que en junio del 2021 finaliza el plazo de prescripción fijado en el artículo 9 de la ley 26.944 para poder realizar una investigación sobre el acuerdo stand-by que la gestión de Cambiemos rubricó con el organismo internacional hace más de dos años por US$ 57.000 millones, por lo que solicitó que tanto "el Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación se aboquen de inmediato a esta cuestión".

El diputado sanjuanino y presidente del PJ nacional pidió así la aplicación de la Ley de Administración Financiera que establece que "los funcionarios responderán por los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia, en el ejercicio de sus funciones, sufran los entes mencionados siempre que no se encontrare comprendida en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial".

"El Poder Ejecutivo de entonces, encabezado por Mauricio Macri, eludió los controles parlamentarios", apuntó Gioja en sintonía con el planteo avalado por Fernández y que es rechazado por la oposición.

"Dadas esas irregularidades constitucionales, legales y procedimentales, estimamos que el Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación deben arbitrar medios de inmediato para que se articule la acción de responsabilidad patrimonial contra los funcionarios que intervinieron en la celebración del acuerdo con el FMI en 2018", completó Gioja al argumentar las razones de su pedido en los fundamentos del proyecto citado por la agencia de noticias Télam.

Además, recordó que la ley de Responsabilidad del Estado Nacional establece que: “La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen".

Recordó asimismo que "la pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres (3) años”.