Las dudas y negociaciones detrás del rescate estatal a IMPSA

“Se querían quedar con la empresa”, dijo Enrique Pescarmona en la causa de los “cuadernos de la corrupción”, cuando relató los porqué del pago de coimas a funcionarios. Según su teoría, Julio De Vido lo presionaba para que venda IMPSA a empresarios amigos del poder o que cediera. Eso no ocurrió y, tres años después, esa empresa dejó de ser de Pescarmona para quedar en manos de sus acreedores. Luego de postergar el pago de la deuda, la empresa salió a la venta y hubo un segundo intento para que el Estado sea parte. En 2020, antes de la pandemia, aparecieron dos propuestas de compra. Una de ellas, con José Luis Manzano como socio, incluía la creación de una empresa mixta, es decir con respaldo estatal. Pero al final no hubo interés empresario y nadie la quiso comprar.

No será con el “modelo” de De Vido, tampoco con el sugerido por los socios de José Luis Manzano, aunque con un mecanismo similar. Pero, finalmente, el Estado se encamina a hacerse cargo de IMPSA, en un contexto extraño. Es una empresa arraigada a Mendoza y manejada por bancos. Es una de las pocas capaces de generar valor agregado de alta tecnología, pero no consiguió a nadie en el mundo privado que muestre interés por comprarla o asociarse. 

La empresa busca recursos para capital de trabajo, solo 20 millones de dólares, pero sus propietarios no los aportan. Se trata del Banco Nación, el BID y otras entidades que se quedaron con la firma luego de la crisis financiera iniciada en 2014. La empresa reestructuró su deuda de más de 560 millones de dólares por segunda vez, consiguió que el Estado nacional pague parte de los salarios y que fuera declarada estratégica. Esa postergación de pagos le dio aire y el Gobierno de Mendoza tiene decidido rescatarla. 

No es el único negocio a riesgo en el que el Estado mendocino emprende. También se hizo cargo de Potasio Río Colorado, una mina que tampoco nadie quiso comprar y que ahora el Gobierno debe administrar. Ese traspaso incluyó los activos, el perdón a posibles sanciones a Vale y también la cesión de toda la sociedad de la que ahora, por ejemplo, son directores los funcionarios del Gobierno. Se trata de Enrique Vaquié, que es presidente de la compañía, Víctor Ibañez y Mario Isgró, que son directores de Potasio Río Colorado SA, la firma que hasta hace un mes era de la brasileña Vale y que antes fue de la inglesa Río Tinto.

El Estado ya es parte de IMPSA a través de los bancos. El plan de rescate forzará que Mendoza y la Nación se unan, es decir, que Alberto Fernández y Rodolfo Suarez sean socios. El modelo sería 70 – 30 y que los 20 millones de dólares los ponga la Nación.

El modelo sería "70 - 30" con la Nación. Pero la disputa podría venir por los cargos

Pero se avecinan tensiones en el fututo. Mendoza exigiría tener un lugar en el directorio y un síndico. El PJ ya le ganó de mano: en la última asamblea se nombró a Cecilia Da Dalt, de origen peronista, como síndica. En el directorio habrá, en caso de avanzar, representantes de los dos gobiernos y por eso la empresa aumentó la cantidad de representantes. También se hace retórica con algo complejo: que no se nombre personal “por la ventana”. El enfoque ya se parece bastante a lo que ocurre en otras oficinas estatales.

La decadencia de IMPSA se profundizó con la expansión que la empresa tuvo en Venezuela y sobre todo en Brasil. Wind Power, la sucursal brasileña de la empresa, entró en cesación de pagos y arrastró a toda la compañía que ahora busca rescate del Estado local. En ese momento en la primera línea de gestión de la empresa había un gerente que ahora podría ser parte del comité de recepción de la “IMPSA estatal”: Emilio Guiñazú, secretario de Energía del Gobierno, era uno de los principales ejecutivos de esa empresa.

En el Gobierno relativizan ese vínculo. “Guiñazú no está en la negociación. Además es casi imposible encontrar en Mendoza algún ingeniero de primera línea que no haya tenido relación con IMPSA”, justifican.

Por su cargo, Guiñazú tendrá mucho que ver en el tema. La empresa tiene en la generación de energía su principal negocio y los fondos que se podrían usar para comprar las acciones son de ese origen. Además, IMPSA es parte del único oferente por la obra energética más grande de la historia.

Licitación en curso

IMPSA es parte del único consorcio que postula para construir Portezuelo del Viento. Por eso el Estado debería tener como objetivo controlarla. Pero al mismo tiempo IMPSA espera que el mismo Estado se asocie y la rescate, en un juego en el que se desdibujan los roles según el enfoque. Tanto que las decisiones se van a superponer. Mientras el Gobierno analiza la oferta del consorcio que postula por Portezuelo, deben decidir si compran las acciones para ser “dueños” o, en realidad, rescatar a la empresa que postula por esa licitación.

Entre los empresarios, ese camino inquieta. Más cuando se reconstruye el camino de la licitación de Portezuelo. IMPSA fue quien más se movió en la previa del armado del proyecto y tuvo preferencia por ser la única empresa mendocina que podía aportar lo exigido en los pliegos. La empresa mendocina no tenía solidez para encabezar el proyecto, pero se encargó del detrás de escena. Tampoco podían sus socios locales. Por eso Portezuelo tiene como líder a la china Sinohydro, que aún no tiene “cara” en Mendoza. La falta de solidez financiera y económica de IMPSA genera dudas. En el consorcio y en el gobierno buscan despejarlas al mencionar lo que indica el pliego. Los socios son solidarios entre sí para responder ante un problema. Es decir, si IMPSA se cae, los chinos deberían responder. Eso desde el plano económico y financiero. En lo operativo la duda sería cómo se construirían las turbinas. Ese escenario es el que nadie desea no solo por Portezuelo, sino por la propia empresa.

Portezuelo está en pausa por ahora porque la licitación aún no es adjudicada. De hecho, no se ha conocido en detalle la oferta técnica y no se abrieron los sobres de la oferta económica. Antes, IMPSA debe avanzar con los proyectos ya adjudicados, como las turbinas de Yacyretá y las de El Tambolar. 

La debacle de IMPSA es una señal de la decadencia de Mendoza y su caída sería un "golpe a la autoestima" por ser una marca emblemática. Fuera de lo simbólico, las dudas están en cuánto riesgo tendrá el Estado mendocino al sumarse a ese proyecto. Incluso hay organismos, como Fiscalía de Estado, que pidieron evaluar el tema antes de concretarlo. También la Legislatura. Igual, todo se encamina a que el gobernador no solo tendrá a disposición la "residencia de Pescarmona" que como exdueño de IMPSA donó, sino que también conducirá la empresa que fundó esa familia. 

Nota del autor: el contenido fue modificado porque se prestaba a un error de interpretación. En la misma se sugería que IMPSA había formado parte del armado de los pliegos, cuando lo que se quiso informar es que había sido parte del proceso de los proyectos y que la Provincia había priorizado a empresas mendocinas, donde IMPSA tiene un rol privilegiado al ser la única con capacidad para construir las turbinas.