Diputado ultra K pidió las declaraciones juradas de fiscales que investigan a Cristina Kirchner

En el marco de la guerra abierta entre el kirchnerismo y el Poder Judicial, un diputado oficialista solicitó a la Procuraduría General de la Nación las declaraciones juradas de 25 fiscales federales, quienes en su gran mayoría llevan o llevaron adelante investigaciones por hechos de corrupción en la que está involucrada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Según anunció el periodista Luis Majul en el programa +Voces, del canal LN+, se trataría de "una maniobra de hostigamiento" contra los fiscales de la Justicia federal, "a quienes se les está pidiendo de manera urgente la declaración jurada".

"Lo solicita el diputado nacional y "exespía" Rodolfo Tailhade, lo cual fue interpretado por varios fiscales como una clara maniobra de hostigamiento contra ellos" por investigar a Cristina Kirchner y su entorno, añadió.

Entre los apuntados aparecen José María Campagnoli, Carlos Rívolo, Gerardo Pollicita, Carlos Stornelli, Eduardo Taiano, Sergio Rodríguez, Guillermo Marijuan, Ignacio Mahiques e incluso el procurador interino Eduardo Casal. Todos han intervenido en causas de corrupción emblemáticas por su impacto en la opinión pública, como la Ruta del Dinero K, la Causa de los Cuadernos, los sobreprecios en la obra pública, la evasión impositiva de empresarios kirchneristas como Lázaro Báez y Cristóbal López y el Memorándum con Irán, entre otras.

La "lista negra" también incluye una sorpresa: Abel Córdoba, un fiscal asociado a Justicia Legítima pero que cayó en desgracia para el Instituto Patria luego de haber pedido una condena de 12 años para Lázaro Báez en juicio por la Ruta del Dinero K.

Más allá de los fiscales, Majul también apuntó duro contra Tailhade, a quien trató de "cachivache" y "un hombre de Cristina". "Es tan bruto que también le pidió la declaración jurada a Jorge Di Lello, que acaba de fallecer", aseguró.

Por el contrario, la embestida del kirchnerismo dejó de lado a dos fiscales vinculados a Justicia Legítima: Franco Piccardi y Paloma Ochoa. Picardi actualmente interviene en la investigación del "Operativo Puf" y el año pasado no apeló la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de archivar la causa, pero que fue revertida hace unos días por la Cámara Federal porteña; y además en 2017 fue conocido por procesar y embargar al empresario Ángelo Calcaterra, primo del entonces presidente Mauricio Macri, en el marco de la investigación por coimas en las obras del soterramiento del tren Sarmiento.

En tanto, Ochoa fue quien impulsó en Comodoro Py la denuncia de la interventora de la AFI, Graciela Caamaño, por la presunta red de espionaje ilegal montada durante el gobierno de Macri. También se hizo conocida en 2016 por investigar al polémico juez de Casación Juan Carlos Gemignani en la causa donde se lo imputó por encerrar a una empleada en su despacho.