El gobierno contraataca contra los funcionarios que cobran como jueces

La causa judicial que definirá el futuro de los equiparados a magistrados de la provincia sigue avanzando. Esta semana se conocieron los argumentos del asesor de Gobierno, Ricardo Canet, defendiendo la ley que se aprobó en la Legislatura y que pone fin a la figura de equiparados que permitía que funcionarios judiciales percibieran salarios de jueces aún sin serlo. Incluso, tampoco pagaban impuesto a las ganancias, generando una enorme diferencia con el resto de los empleados del mismo rango.

En su argumentación, Canet contesta algunos de los planteos realizados por una veintena de funcionarios judiciales que presentaron una medida cautelar, una acción declarativa de certeza y una acción de inconstitucionalidad contra la ley 9230. Hasta que esa batería de presentaciones no sean resueltas, seguirán teniendo los mismos beneficios que un magistrado.

Uno de los planteos que hacen los funcionarios equiparados a jueces es que una ley no puede quitarles derechos adquiridos. Para Canet, hay una "inexistencia de afectación retroactiva de derechos adquiridos" porque la ley solo plantea una derogación a futuro de un sistema salarial de privilegio. "No deja duda la ley al respecto, porque en ningún artículo manda restituir los sueldos ya devengados, ni recuperar los cobrados antes de su prohibición legal", adhiere dejando claro que no tiene efecto retroactivo.

"En cambio, la pretensión de mantener inalterado un sistema de remuneración de cargos administrativos por equiparación salarial con magistrados judiciales, cuando no se trata de empleos de tal naturaleza, ni de otros con garantía constitucional de intangibilidad, se contrapone a inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema", esgrime el asesor de Gobierno.

"Es que plantear la imposibilidad de modificar por ley el sistema de equiparación salarial de unos pocos funcionarios, que no cumplen funciones judiciales, ni son jueces, ni la ley quiere mantener equiparados a tales, supondría consagrar la inmutabilidad de tal régimen salarial, sustrayéndolo de la expresa competencia reconocida al legislador en esa materia", asevera el funcionario provincial defendiendo la ley que nació de un proyecto presentado por Rodolfo Suarez a principios del 2020 luego de que se enterara que la secretaria administrativa de la Corte cobraba -en aquel entonces- 406 mil pesos por mes. Hoy los salarios han aumentado más del 20% porque se indexan a los aumentos de la Justicia Federal.

Justamente, el monto de los salarios es algo en lo que Canet hace foco, ya que asegura que no se está hablando de un cambio que pone en peligro el futuro de las familias de los equiparados sino retrotraer la situación de revista a los niveles escalafonarios. "La ley no afecta un nivel de ingresos requerido para cubrir necesidades de carácter alimentario, sino uno extraordinario, que el propio legislador considera no ser el normal o escalafonariamente establecido para la generalidad de esas mismas tareas administrativas, que son las propias de este tipo de funcionarios judiciales", subraya.

En otras palabras, establece que el objetivo es que se respeten los escalafones y que no existan diferencias entre los salarios de trabajadores que realizan funciones similares.

"Es patente el carácter privilegiado o desigual de estos sueldos en relación a otros funcionarios –tanto dentro del Poder Judicial como en los otros poderes del Estado-, para similares tareas, funciones, niveles jerárquicos y consiguientes responsabilidades públicas", manifiesta.

"Lo derogado por la ley, a futuro, es exclusivamente la posibilidad de perpetuarse en el goce de un 'privilegio' o concesión (legal o administrativa, al efecto da lo mismo) de equiparación salarial con los jueces, claro está, para quienes no lo son", sentencia el escrito que Canet presentó en la Suprema Corte en el marco de la causa que iniciaron los equiparados a magistrados.

Además, sostiene que este  “privilegio”, “recompensa “o “estímulo” remuneratorio diferencial y extraordinario lleva la condición de ser de duración temporaria. 

Por otro lado, defiende que la ley no tiene carácter confiscatorio sino que en realidad apunta a limitar, a futuro "el privilegio de continuar siendo remunerado en forma desigual a sus iguales". Y remarca que se trata de funcionarios con funciones administrativas que cobran como si fuera un jueces, cuando en realidad no lo son".

"Consagrar la inalterabilidad de leyes o reglamentos, en estos casos, sería tanto como reconocerles una intangibilidad salarial dela que no gozan estos funcionarios equiparados a jueces. Ese privilegio está reservado a otros funcionarios por la Constitución. No hay impedimento en ella para que la ley reconduzca a los actores a gozar de los mismos ingresos -justos- de sus iguales. A cobrar como cobran otros que se encuentran en similares cargos. No como si fueran jueces", sostiene.

Por ese motivo, subraya que la ley apunta a volver las cosas a las escalas escalafonarias generales y vigentes antes de que se les otorgara el beneficio de la equiparación.

"Un sistema de equiparación salarial especial o extraordinario, para un pequeño número de funcionarios públicos, más que un derecho irrevocable, es un verdadero privilegio, como se dijo, de reserva legal y necesariamente 'temporal'. No estamos ante esos casos de intangibilidad e inamovilidad salarial, garantizados por nuestra Constitución. No corresponde a los jueces adentrarse en decisiones discrecionales reservadas expresamente al legislador, sobre las cuales nadie tiene un derecho definitivamente adquirido (art. 12 CMza.). Lo contrario implicaría desconocer la citada jurisprudencia sobre la mutabilidad de las leyes y reglamentos, en tanto sean razonables, que no es lo mismo que inconveniente", finaliza el escrito.