Sigue la polémica con la Ley de Alquileres que impulsó Anabel Fernández Sagasti

En los últimos días ha crecido el descontento con el impacto que ha tenido en el mercado inmobiliario la nueva Ley de Alquileres. Tras la sanción de la norma, la suba de los alquileres en algunos puntos del país se aceleró a casi un 54% anual. En CABA,  los departamentos de dos y tres ambientes registraron un incremento de casi 64%. En realidad, el efecto ha sido el contrario al que anticipaba la senadora Anabel Fernández Sagasti cuando buscaba destrabar la sanción de la ley.

Según la legisladora mendocina se trataba de una ley que buscaba "alivianar la problemática de vivienda en nuestro país". Sin embargo, la norma que apuntaba beneficiar a los inquilinos en los hechos los estaría complicando.

A partir del primero de marzo de este año, los dueños de propiedades que estén en alquiler deberán registrar estos contratos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).  Para el propietario, el ingreso del valor del alquiler está alcanzado en el Impuesto a las Ganancias y si hasta ahora el alquiler no fue declarado por el contribuyente, con el registro en la AFIP de los contratos de locación deberán presentar la declaración jurada anual en la que deberán incluirlo. El riesgo es que muchos propietarios podrían trasladar ese costo al valor del alquiler.

El registro del contrato de alquiler en la AFIP no crea un nuevo impuesto sino es una medida más para que regularicen la situación los que no declaran los alquileres, facturando el valor de la locación. En el caso de los inquilinos que están alcanzados por el impuesto a las ganancias, pueden pueden deducir el alquiler. El inquilino puede deducir del impuesto a las Ganancias hasta el 40% de las sumas pagadas en concepto de locación de inmuebles destinados a vivienda y para ello debe informar mensualmente el monto del gasto.

Pero para algunos actores del sector así como la Ley de Alquileres aprobada por el Congreso en junio del 2020 significó un duro golpe para el mercado inmobiliario -con aumentos de precios superiores a la inflación general, menor rentabilidad y crecimiento de la informalidad- la puesta en marcha del registro de AFIP profundizará ese escenario.

“Aquellos a quienes pretendió beneficiar la ley, que a nuestro entender son los locatarios, se podrán ver perjudicados por una menor oferta de bienes en locación y contrastado con una enorme demanda, y el traslado de modo indirecto de los costos impositivos al valor del alquiler generará sin duda un aumento importante de los montos de los alquileres y si además tenemos presente el gran déficit habitacional existente en nuestro país, por la gran dificultad para comprar inmuebles en nuestro país, entre otros motivos por la inexistencia de créditos accesibles, la situación se torna aún más compleja”, explicó Mariano Malbran, director ejecutivo de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi).