La "trampa" oculta detrás del final de las reelecciones indefinidas

La fecha lo dice todo. El Día de los Santos Inocentes. Cuando crecen los casos por COVID y la gente ya está pensando qué cocinará para fin de año, o donde irá de vacaciones, la política se hizo su propio regalo de reyes al votar para sus intendentes, concejales y demás cargos legislativos una nueva reelección a partir de 2023.

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires están aprobando el artículo 3 del decreto ley 6769/58, conocida como la Ley Orgánica de las Municipalidades, en las que le otorgó una reelección más a todos los intendentes, concejales y consejeros escolares electos en 2019, cuyo mandato debería haber finalizado en 2023 si se aplicaba la ley 14.836.

Todo el desaguisado se produjo porque nadie se atrevió a proponer cambiar el decreto reglamentario firmado por María Eugenia Vidal en abril de 2019, que permitió que todos aquellos que no finalizaran la primera mitad de su segundo mandato podían presentarse nuevamente.

Si bien fueron los jefes comunales del peronismo los que más presionaron mediática y judicialmente para conseguir las reelecciones, e inclusive el proyecto de ley que presentó Walter Abarca pretendía volver a las reelecciones indefinidas, fueron los alcaldes de Juntos los que más se movieron para no quedar "afuera" de las próximas elecciones.

Es que la mayoría de sus pares del Frente de Todos ya habían pedido licencia y podrían volver a presentarse en dos años, amparándose en el decreto reglamentario de la ley que modificó el espíritu de la 14.836. Entonces, promoviendo que eso era lo que permitía las reelecciones indefinidas, los intendentes opositores fueron por la derogación de ese decreto y la fijación de períodos claros y sin equívocos como así la aclaración específica que podrán tener sólo una reelección. 

Además, como aquella norma también afectaba derechos preexistentes, surgidos sólo para los electos en 2015, algunos consideraban que la ley merecía una revisión. Sin embargo, hubo tres elecciones posteriores, 2017, 2019 y 2021 sin que nadie discutiera o sin que hubiera un fallo en contra de la norma ni de su reglamentación.

Ninguno de los partidos políticos que participan de las coaliciones mayoritarias se expresó al respecto. Ni el PRO, ni la UCR, ni el Partido Justicialista ni el Frente Renovador hicieron manifestaciones públicas de rechazo o aprobación. Sin embargo, los legisladores radicales, en su amplia mayoría, más del 60% de los que fueron originales del PRO y los peronistas, menos los renovadores de Sergio Massa, votaron por la nueva ley.

A pesar de esas diferencias internas, quien más costos asumió fue la oposición de Juntos por el Cambio. Evolución, que representa una porción del radicalismo, se pronunció en contra, al igual que María Eugenia Vidal, que lo hizo a través de dos documentos públicos. Sus legisladores votaron en contra de las modificaciones.

La situación desembocó en una crisis de bloque en la Provincia de Buenos Aires, y están analizando la ruptura del mismo. En cambio, dentro del Frente de Todos, aceptan la actitud asumida por Sergio Massa, quien en todo momento dijo que no iba a hacer nada para modificar la norma que él impulsó antes que nadie.

“Esta ley permite pasar a planta permanente a los intendentes”, dijo, irónico, Jorge Álvarez, ex concejal de San Isidro, que lidia contra Gustavo Posse en su distrito.

Otro referente de esa localidad, Sebastián Galmarini, del Frente Renovador, se acordó de su ex aliado Joaquín De la Torre, fundador de ese espacio en 2013 pero luego aliado de Vidal y su ministro de Gobierno: “Nosotros vamos a seguir siendo coherentes y fueron ellos, con el decreto que firmaron, los autores de la trampa y la mentira”.

Uno de los voceros y legisladores más cercanos a Vidal, Alex Campbell, dijo directo que “no se puede borrar con el codo lo que se escribió con la mano”.

La nueva ley, presentada por los senadores Juan Pablo Allan, aliado a Julio Garro, intendente de La Plata, y Joaquín De la Torre, ex jefe comunal de San Miguel, que no la necesita para un beneficio personal, también incorpora la situación de los legisladores provinciales de ambas cámaras, a quienes les correrá las generalidades de los intendentes.

El proyecto que hoy está siendo aprobado ahora en la legislatura modifica el artículo 3° del Decreto Ley N° 6769/58, “Ley Orgánica de las Municipalidades”, el que quedará redactado de la siguiente manera “Artículo 3°. El Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período. Si han sido reelectos no podrán ser elegidos ni ocupar el mismo cargo, sino con intervalo de un período. Quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo periodo sin importar que el mismo se haya sido ejercido  total o parcialmente”.

Además, incorpora a la ley 5109 el artículo 13 bis, con la siguiente redacción:

“Artículo 13 bis: Los Diputados y Senadores podrán ser reelectos por un nuevo período. Si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período".

Para que no quede ninguna duda sobre el ejercicio que se considerará válido para tener una reelección, los legisladores incorporaron una disposición transitoria que remarca, en el artículo 4, "que los mandatos de Intendentes, Concejales, Consejeros Escolares, Diputados y Senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017, 2019 serán considerados como primer período a los efectos de la aplicación de la presente Ley. Los que fueron electos en 2021, por primera vez, también. Si ya fue reelecto, este será su último mandato". 

Entre sus fundamentos, los legisladores  recordaron que ambas cámaras, en 2016, decidieron avanzar sobre “uno de los asuntos más emblemáticos de la política argentina, las reelecciones indefinidas, adoptando el criterio más reciente del constitucionalismo moderno”.

“Históricamente veníamos viendo como muchos dirigentes se perpetuaban en sus cargos durante años o incluso décadas generando un estancamiento dirigencial y una absoluta falta de renovación de la política, no solo en materia de personas sino también de ideas”, agregaron.

Pero, para tener una argumentación más de peso que no sea solo el deseo de los intendentes de tener una reelección más, aclararon que esa si bien en esa “reforma el objetivo era claro y la sociedad la apoyó contundentemente, una ley clara terminó desdibujándose por las interpretaciones que desvirtúan claramente su espíritu".

“Muchos dirigentes, amparándose en el decreto reglamentario de la ley (Decreto 265/19, pensado para situaciones puntuales y excepcionales) utilizaron como herramienta generalizada la renuncia o licencia a sus cargos antes de cumplirse los 2 años de mandato para burlar la voluntad del legislador, ampliamente explicada en los debates parlamentarios, y así poder presentarse nuevamente a elecciones para el cargo al que habían renunciado", siguieron con sus argumentos los legisladores.

Para ellos, "esto, es una clara violación al principio de igualdad ante la ley ya que algunos podrán volver a presentarse a una tercer elección, mientras que los que cumplieron con el mandato popular no lo podrán hacer, increíblemente cumplir con el compromiso ante una sociedad que los voto y respetar la ley termina siendo un perjuicio político de cara a las próximas elecciones”, sostiene el proyecto aprobado.