El capricho de Axel Kicillof que complica la vida de miles de argentinos

Con la llegada de las Fiestas, el comienzo de las vacaciones y el aumento de los contagios, los centros de testeos en algunos distrititos se vieron desbordados. CABA y el gran Buenos Aires fueron los lugares que mayores problemas presentaron. Todo esto en un momento en que las altas temperaturas complican más la situación.

La gente debió hacer colas o depender de turnos para poder chequearse. Tener o no coronavirus podía determinar si participaba de una reunión familiar o concretaba el viaje que ya estaba pago.

Desde el Gobierno nacional y los provinciales se alentó a la sociedad a testearse ante cualquier duda. Incluso, mucha gente quería hacerlo por precaución aún sin tener síntomas, teniendo en cuenta que un contagio con la variante ómicron puede transitarse sin presentar ningún cuadro de salud que se manifieste.

Lo curioso de esta situación es que a casi dos años de pandemia, en la mayor parte de la Argentina no se permite la venta en las farmacias de test rápidos para el covid como sucede en otros países.

Desde el comienzo, el país fue a contramano de las medidas que se aconsejaban para combatir el coronavirus. En este tema, por ejemplo, nunca se llegó a los niveles de testeos que recomendaban los organismos internacionales. Poder tener mayor precisión de la cantidad de gente que cursaba la enfermedad es clave para poder aislarla y hacer seguimientos.

Cuando aparecieron los test rápidos “caseros”, a nivel mundial, había expectativa por su llegada al país. Sin embargo, el tema desató un fuerte debate que terminó con su prohibición. Esto se debió a un enfrentamiento entre farmacias y laboratorios, sumado a la posición dura de algunos funcionarios.

En abril pasado, la ANMAT autorizó la venta de un test del laboratorio chino Hangzhou Inmuno Biotech, que empezó a comercializarse a un valor de entre $1.900 y $2.500. El resultado se podía tener en 10 minutos y su nivel de sensibilidad era de 96,8%.

Este producto tenía la especificación de uso profesional por lo que ese fue uno de los puntos para cuestionarlo. Quien lo comprara, tenía que recurrir a un enfermero, médico o personal calificado.

Los laboratorio se opusieron desde el punto de vista técnico, pero también del económico ya que, de esta manera, la población no tenía que recurrir a ellos para testearse.

Desde el lado político también surgieron cuestionamientos. El primero en salir a criticar a los test rápidos fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de inmediato prohibió la venta en su territorio. Como sucedió desde el inicio de la pandemia, la posición de esta provincia fue la que marcó la estrategia sanitaria a nivel nacional. Quedó claro en diversos temas. El más evidente fue el cierre de los colegios.

El argumento esgrimido por las autoridades bonaerense para oponerse a estos test fue que, al hacerse de forma casera, no quedaría asentado el registro para las estadísticas sobre cantidad de contagios.

Con el rechazo de Kicillof, el Gobierno nacional bajó la línea al resto de los distritos y, en pocas semanas, la prohibición se extendió a casi todo el país.

Hoy se utiliza en sólo dos distritos importantes, en cuanto a su población, como la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. Si se mira lo que sucede en el resto del mundo, hay una gran cantidad de países en los que se utiliza. En Europa hay varios ejemplos. Se venden en kits de 10 tests en farmacias y la persona lo va usando en la medida en que lo necesite. No es necesario que lo realice un profesional.

Es posible que no les sirva si tienen que realizar un viaje donde se exija un PCR y no una prueba de antígenos, pero le puede ser útil para reuniones familiares o cualquier otro tipo de evento. Es una medida de precaución más.

Por ejemplo, los más reacios a realizarse un test tradicional, para el cual tendrían que sacar un turno, son los jóvenes. Con este sistema más accesible podrían tener la posibilidad de saber si están contagiados antes de concurrir a una fiesta. Después, la decisión correrá por la responsabilidad de cada uno. Es mejor eso que nada.

Lo que llama la atención es la resistencia de los funcionarios a facilitarle la vida a la gente. También, a restringirle la posibilidad de hacer algo que no le afecta al Estado.

Darle la posibilidad a los ciudadanos que quieran hacerse un test rápido a concretarlo sin ninguna restricción. El Estado se vería beneficiado porque el costo corre por el particular. Lo mismo sucede, a esta altura de la pandemia, con la imposibilidad de elegir la vacuna que cada uno se quiere dar y poder comprarla en una farmacia como cualquier otra. Es posible que ahora se avance en la compra de estos test. Hay dos laboratorios interesados en venderlos. Sin embargo, en la Argentina, la “doctrina Kicillof” sigue teniendo peso e hizo que se perdiera mucho tiempo.

Desde la Asociación de Farmacias Argentinas (ASOFAR) vienen haciendo gestiones para que se liberalice la utilización de estos test rápidos. La semana pasada se reunieron con el Ministerio de Salud para que se autorice su uso.

“Nos dijeron que van a analizar el tema y que será tratado con los responsables del área de salud de las provincias. Para nosotros es muy importante porque descomprimiría los centros de testeos y sería de más fácil acceso para la gente”, dijo a MDZ el presidente de la entidad Norberto Mañas.