Crecer o no crecer: el último capítulo a negociar con el FMI

A esta altura, la discusión para cerrar un Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se reduce a ponerse de acuerdo en un capítulo fundamental. Y, sin el cual, no habrá acuerdo. Todo se desprende de coordinar dos variables conectadas, de cuyo cumplimiento futuro dependerá el sostenimiento del pacto: cuánto crecerá Argentina y cuál será el camino para llegar a un equilibrio fiscal en 2025. Sobre el primero se sabe que Martín Guzmán le asegura al organismo, que el país puede crecer 4% (o más) el año próximo, y que puede sostener porcentajes similares en el trayecto de los primeros cuatro años de vigencia del Facilidades Extendidas.

Los técnicos del Fondo que deben lidiar con los negociadores argentinos, dudan de esta posibilidad. Consideran que no es posible crecer de manera real a ese nivel; y mucho menos sostenerlo en el tiempo. Los hombres y mujeres del FMI tienen un argumento bastante sólido: al país le faltan dólares para garantizar un incremento sólido y constante del PBI. La visión desde Washington es que no hay divisas suficientes como para financiar la llegada de los insumos necesarios para sostener un nivel de crecimiento sustentable. Tampoco para financiar un nivel de consumo energético que coincida con la demanda de electricidad, combustibles e infraestructura que sostenga el pronóstico.

Y se cuestiona desde Estados Unidos que las políticas de trabas de exportaciones que crónicamente aplica el Gobierno, coincidan con la visión de un país abierto a la llegada irrestricta de divisas; la única manera de garantizar un superávit comercial sostenido. Para el FMI, no hay entonces manera de asegurar un crecimiento superior al 2,5% para el 2022; nivel que se sostendría en porcentajes similares durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

La resolución de este debate es fundamental. El corazón del Facilidades Extendidas depende de lograr un equilibrio fiscal, reduciendo el déficit del 2021 (que llegaría al 3,5%), a un equilibrio en 2025. Guzmán asegura que el camino para lograrlo es aumentar los ingresos de manera suficientemente sólida y constante, cuestión que se refleje en la recaudación impositiva; la que debería estar por arriba de la inflación. El ministro de Economía muestra los datos acumulados a noviembre, donde la recaudación impositiva alcanza el 60% con una inflación anualizada algo inferior al 50% y un nivel de crecimiento de la economía en el 9%$ interanual; datos que, proyectados al mediano plazo, determinarían que su tesis tiene razón.

El FMI contra argumenta que esa recuperación se debe al despegue de la pandemia, y que los datos comparativos de este año no tendrán relación con los del 2022. Para Guzmán sostener estas proyecciones de recaudación y crecimiento, con un nivel de gastos sólo ajustado con una racionalización de las tarifas de servicios públicos básicos (con una tenue y leve reducción en la electricidad y el gas), alcanzarán para conseguir las metas fiscales a las que se comprometerá al país.

Del resultado de este debate, dependerá en gran parte el éxito (o el fracaso) de las discusiones que desde este sábado funcionarios argentinos comandados por el delegado del país ante el FMI Sergio Chodos, sostendrá con la secretaria adjunta para el Hemisferio Occidental Julie Kozac, y el responsable del caso argentino Luis Cubeddu. Serán tres jornadas completas y algún que otro extra para resolver las cuestiones técnicas que deberán figurar en el proyecto de ley de metas plurianuales que el Gobierno enviará al Congreso el próximo viernes 10 de diciembre y que Guzmán defenderá el 15 diciembre. Y que, si hay final feliz, contendrá la Carta de Intención que será la esencia del posible Facilidades Extendidas. Faltará luego una resolución clave: que el board del organismo resuelva si se reducen o no las tasas de interés que se le cobrarían al país.

Lo que ya está establecido y que, se sabe, integrará el acuerdo. Será a 10 años, con una tasa preferencial de 1,05% y con una cláusula especial que si existieran en el futuro mejores condiciones de pago que las que impone un clásico Facilidades Extendidas, automáticamente Argentina podría acceder a esos beneficios. Las inspecciones vinculadas al artículo IV serán espaciadas (dos veces por año), no invasivas y discretas. El país comenzará a pagar 4,5 años después de firmado y el Gobierno se compromete a llegar a un equilibrio fiscal antes de comenzar a concretar esas liquidaciones. Se podrá anotar la posibilidad de extender el tiempo sin liquidaciones a los 4,5 años después de haberse aprobado el acuerdo en el board. Si se cerrara antes de diciembre un acuerdo del tipo hoy vigente, debería comenzar a liquidar capital a los 4,5 años de firmado; lo que implica que los primeros pagos serían en el segundo semestre del 2026. Pero además, si Argentina cumpliera con los compromisos firmados de metas y objetivos, ese dinero a liquidar podría ser renegociado con lo que en concreto no habría que realizar desembolsos si la currícula monetaria, financiera y fiscal se lograra.

Donde no hubo posibilidades de discusión, es en el cierre del acuerdo a 10 años. Si bien Guzmán y su equipo lo expuso en algunas de las múltiples reuniones mantenidas con los negociadores del FMI, las respuestas tanto desde el organismo como en los países miembros del board (no sólo EE.UU.), fueron terminantes: no hay posibilidades de más tiempos que una década. Si bien se reconoce tanto en Buenos Aires como en Washington que la alternativa de un cambio del estatuto del FMI para aplicar tiempos mayores fue estudiada y discutida; estos cambios demandarán más tiempo de debate; y serán imposibles de aplicar para la negociación argentina. Lo que sí se podrá incluir es que en el momento de aprobarse esos cambios, en el Facilidades Extendidas firmado por la Argentina se incluya automáticamente la extensión de los pagos.