La medida del Gobierno que hará sufrir a Martín Guzmán

Mientras negociaba a destajo durante 11 horas en Roma, Martín Guzmán recibió una noticia desde Buenos Aires. El Ejecutivo, o al menos parte de él, tomó la decisión de congelar las tarifas de los servicios públicos de electricidad y gas para los usuarios residenciales, al menos hasta abril del 2022. Luego, se verá. La decisión fue tomada desde la subsecretaría de Energía de Federico Basualdo. Es aquel funcionario que entre abril y mayo pasado, protagonizó un cortocircuito importante con el ministro de Economía, precisamente por la negativa del kirchnerismo (donde milita) a aceptar aumentos de tarifas de dos dígitos programados por Guzmán. Ahora, el ministro recibió la noticia sobre que no habrá incrementos tarifarios durante la época de mayor demanda del año de electricidad (el verano); lo que, en consecuencia, traerá un incremento en el nivel de subsidios cubiertos con fundos públicos. Y en una mayor presión fiscal para profundizar el stress sobre déficit entre recaudación y gastos.

Esto sepulta, por ahora, los planes del ministro de Economía de volver a la carga de los servicios públicos en la electricidad y el gas. Guzmán buscaba reducir el abultado monto de dinero que el sector público debe destinar a aplanar el costo a los ciudadanos de las tarifas, y lograr el complicado fin que el Estado sólo subsidie a los consumidores que lo necesiten. O, como mínimo, que el dinero no se destine a los sectores de mayores ingresos. Dicho en términos del ministerio de Economía, dejar de aplicarlo “a los ricos”. Para lograr avanzar en el tema, Guzmán quiere aplicar la misma estrategia que con las negociaciones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI): blindar la discusión, que no se convierta en un debate público, y que sólo llegue al conocimiento general cuando el proyecto esté terminado. Y, obviamente, presentado en sociedad luego de las elecciones legislativas del noviembre. Otra vez, igual que en el caso de la negociación con el organismo que maneja Kristalina Georgieva.

El objetivo de Guzmán apunta a reducir el abultadísimo porcentaje sobre el PBI que tienen los subsidios a las tarifas públicas, dato que inmediatamente se traslada al déficit fiscal. Según los números en los que coinciden tanto el sector público como los privados, este 2021 se deberá destinar un 2% del PBI a atender esta cuenta, incluyendo la importación, generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas. Se suman, además del consumo directo de las familias por el suministro, las garrafas y el transporte automotor, ferroviario y aerocomercial. Según un informe de comienzo de año de la consultora Ecolatina, “los subsidios energéticos representaron tres de cada cuatro pesos gastados en transferencias económicas corrientes a empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado, siendo equivalentes a casi el 2% del PBI”.

Economía sabe que la inflación, la suba de los precios internacionales, el aumento de los costos en las empresas concesionarias involucradas y la alteración del tipo de cambio influyen directamente en el precio final de las tarifas; y que el subsidio es el mecanismo para que el incremento no se traslade de manera plena. Teniendo en cuenta también, por imposiciones de la política, que el incremento de las tarifas en este 2020 será de menos de un dígito porcentual para todos los consumidores; ese porcentaje de 2% total podría incluso incrementarse. Guzmán quiere cortar con esta tendencia, y que esto figure en el diseño del Presupuesto para 2022.

Sabe que no podrá hacer una “revolución” tarifaria y que sólo obtendrá victorias parciales y limitadas por “la política”. Su objetivo entonces es limitar vía segmentación del subsidios al carácter “pro-rico” del esquema actual. Si bien aún no es el momento de números finales, la intención es que ese porcentaje se reduzca gradualmente con los años, llevando a un nivel no mayor a 1% en cuatro ejercicios. No es un cronograma al azar. Desde 2026, un año después, el Gobierno debería comenzar a pagar al FMI un eventual Facilidades Extendidas; y para ese ejercicio el superávit fiscal primario debería ser una realidad.

La pregunta inevitable ante el panorama es, cuál será el criterio para definir al consumidor de mayores recursos y que parámetros porcentuales se aplicarán para la eliminación del subsidio. Por lo que se sabe, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) está trabajando con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); mientras que el Enargas trabaja bajo datos propios.

Guzmán había dejado en claro su posición en mayo pasado al declarar que Argentina sostiene “un sistema de subsidios energéticos que es pro-ricos”, y que “en un país con 57% de pobreza infantil, estamos gastando en subsidiar el consumo de luz y de gas en una parte de nuestra población que hoy no es prioritario que reciba esas transferencias”, subrayó entonces el ministro. “Los subsidios terminan en barrios en donde vive gente de altos ingresos, cuando estos recursos tienen que ser utilizados para aquellos que más necesitan”.

Guzmán confía en poder llegar a un acuerdo más político que económico con toda la coalición gobernante, para poder reducir los subsidios a las tarifas vía las segmentaciones; y que este esquema pueda ya aplicarse en 2022.