El furioso comunicado del Gobierno chileno contra Rafael Bielsa
Desde la Cancillería de Chile cuestionaron las declaraciones del embajador argentino y las calificaron como "una intromisión inaceptable en los asuntos internos de Chile".
El Gobierno chileno salió a condenar en duros términos las declaraciones del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, quien cuestionó a José Antonio Kast, ganador en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebraron ayer en el país trasandino.
"Estas expresiones representan una intromisión inaceptable en los asuntos internos de Chile y vulneran normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas", indicaron desde la Cancillería de Chile en un duro comunicado de prensa, en el que criticaron a Bielsa por referirse a Kast "en términos inadecuados".
"El Gobierno de Chile reitera su permanente disposición a mantener con la República Argentina las mejores relaciones políticas y diplomáticas, en el marco de la amistad histórica que nos une y del respeto recíproco que se merecen nuestros pueblos", agrega el comunicado.

Bielsa había calificado al candidato presidencial del Partido Republicano como pinochetista, antiargentino y xenófobo. Además, lo comparó con Jair Bolsonaro y Donald Trump.
Desde el Gobierno de Alberto Fernández aclararon que el diplomático habló a título personal y su pensamiento no representa el del Estado argentino. Sin embargo, el Gobierno chileno salió a manifestar su malestar con el diplomático argentino.
Kast se impuso con el 28,02% de votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales chilenas. El 19 de diciembre habrá segunda vuelta y su oponente será el candidato del Frente Amplio de Izquierda, Gabriel Boric, quien obtuvo el 25,5% de los votos.

A pesar del cargo que ocupa, Bielsa sostuvo que una victoria de Boric sería beneficioso para las relaciones bilaterales entre Argentina y Chile. Lo curioso es que el Gobierno de Alberto Fernández se ha amparado en el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países para evitar definiciones concretas sobre los atropellos institucionales registrados en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

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