El plan económico que todos le reclamarán al gobierno desde mañana

El legendario dirigente radical entrerriano César "Chacho" Jaroslavsky era consultado por los periodistas en las vísperas de la elección legislativa de 1987, donde se percibía que el entonces presidente Raúl Alfonsín no tendría grandes alternativas de victoria. La pregunta de uno de los cronistas fue "qué pasará después del domingo". El muy listo jefe del bloque oficialista de Diputados contestó rápido "será lunes"; desinflando así las expectativas de polémicas sobre lo que vendría luego de aquellas trascendentales terceras elecciones legislativas de la democracia renovada en el 83.

Lo que vino efectivamente después de ese domingo donde el oficialismo consiguió el 37,24% de los votos contra el 41,29% del peronismo renovado, fue el lunes. El problema es que ese día comenzó un período donde el gobierno de Raúl Alfonsín comenzaría un proceso de cierta debilidad política, que se iría acrecentando lentamente hasta llegar a un desenlace complicado para el primer presidente de la democracia reconquistada. El tiempo marcó que aquel lunes 7 de septiembre de 1987, el país comenzaba a cambiar y abría el camino para un período trágico de crisis económica, con dos hiperinflaciones incluidas que dieron lugar a la convertibilidad. Lo demás es historia conocida.

Hoy será el día en que se transitará el domingo de elecciones de un gobierno que espera un resultado complejo, y que desde mañana deberá transitar un lunes que no será igual a cualquier otro día después de un acto electoral. En pocas oportunidades de la democracia recuperada en el '83 se esperan tantas definiciones como las del próximo lunes. Las que obviamente dependerá del resultado final de lo que Argentina decida hoy. En especial, y fundamentalmente, en la economía.

Los "mercados" con todo lo que ese concepto representa, esperarán desde esta misma noche, pero fundamentalmente desde mañana, respuestas concretas y puntuales sobre el rumbo financiero, monetaria, fiscal y macroeconómico que adoptará la coalición gobernante. Pero antes que esto, la lógica deberá seguir la premisa primaria y máxima de la ciencia política: la economía sigue a la política y no al revés. Cualquier operador económico esperará a saber que sucede con la colación gobernante y cuál es la relación entre los accionistas del oficialismo que quedará luego de conocerse el resultado de las elecciones de hoy. O dicho con mayor precisión y con nombre y apellido: cómo quedará la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y como será la estructura formal de la toma de decisiones en el gobierno que surgirá luego de conocerse los resultados de esta jornada electoral. De la fortaleza o debilidad de la coalición oficial (y la de sus socios adherentes como Sergio Massa y los gobernadores justicialistas), dependerán las decisiones que tomarán los principales operadores financieros y económicos del país.

Surge así una de las primera precisiones sobre lo que se espera para esta noche en adelante. Ningún empresario, economista responsable, operador financiero o similar, quiere que desde mañana surja un gobierno débil, muy derrotado, con líderes peleados sin retorno y sin posibilidades de tomar decisiones que se concreten en la realidad. Lo que se busca es que lo que resurja es un Ejecutivo con la capacidad de acción que le permita mantener una estructura de toma de decisiones formal y efectiva. Lo peor que puede esperar cualquier empresario u operador financiero es jefe de Estado sin capacidad de ejecución. Sólo así se puede pensar en la posibilidad que a partir del lunes comience a tomarse el rumbo que desde la macroeconomía se espera.

Hay otro temor. Que del resultado de esta tarde (cualquiera sea este), lo que redunde es de fortalecimiento en la estructura de toma de decisiones, pero que determine que estas serán del rubro de las radicalizaciones y el alejamiento de lo que se considera la "racionabilidad política y económica". También será una respuesta que deberá arrojar el lunes. Si esta es la tendencia política que defenderá el oficialismo, lo mejor será que se conozcan rápido las decisiones que surgirán de esta definición. Y que la coalición gobernante termine de definir si quiere o no un acuerdo con el FMI, si propiciará o no las inversiones extranjeras, si elige un relacionamiento serio con el mundo serio y si el dialogo con las grandes empresas locales y multinacionales como aliadas para la recuperación económica. No hay mucho tiempo para lograr estas definiciones.

Toda la magia política del gobierno en términos económicos, quedará reflejada en uno sólo de estos capítulos: avanzará o no la coalición que comandan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner con un acuerdo con el FMI, aún sabiendo que serán muy pocos los reclamos que se hacen desde la Argentina que serán aceptados por el organismo que maneja Kristalina Gueorguieva. En estas columnas se viene planteando que la necesidad de definir si habrá o no un Facilidades Extendidas, y la existencia de una fecha límite para que esto sea una realidad.

El 20 de marzo del 2022 Argentina le debe pagar al Fondo unos U$S 4.050 millones correspondientes al primer pago de capitales del Stand By firmado en 2018; dinero que no hay manera alguna que el país consiga para esa fecha. Ese día se sabrá si hay o no default con el FMI. Salvo que antes se cierre el acuerdo. Lo cierto es que desde el lunes, dicho de una manera directa y casi futbolera, es que "se acabó el humo". Y para que esto sea posible, sí o sí, la coalición gobernante debe hacer, sí o sí: un plan económico coherente y serio, que determine que antes del 2026, año en que se debería comenzar a pagar el préstamos, habrá llegado a un equilibrio fiscal, comercial y monetario. Esto reclaman todos los actores que, desde el otro lado, esperan a la Argentina. El FMI, Estados Unidos, el Banco Mundial, la Unión Europea, el Club de Paris y todos los que deberían aprobar ese plan. Todos siempre fueron claros y directos en los últimos tiempos. Todos le reclamaron a Alberto Fernández Martín Guzmán y el resto de los funcionarios argentinos con los que se cruzaron, que si Argentina quiere ayuda, debe presentar un plan.

En definitiva, este lunes llegó el tiempo de definiciones. ¿Cuáles deberían ser? Fácil. Y ya hablado bastante entre Alberto Fernández, Guzmán y el FMI. Un Facilidades Extendidas a 10 años, con un plazo para comenzar a pagar los u$s44.700 millones que se deben al organismo en 4,5 años después de haber firmado el acuerdo, con un plan de metas fiscales y monetarias que lleven a un equilibrio sustentable en un mediano plazo (no menos de tres años) y la aceptación de misiones del FMI anualizadas. El ministro negociará la cláusula por la cual si se modificara el estatuto del Fondo sobre los límites temporales de los acuerdos de Facilidades Extendidas a más de 10 años; automáticamente Argentina debería ser incluida en la mejora. Guzmán además quiere garantizar que el FMI aplicará una reducción en las tasas de interés y que es cierta la posibilidad de reducir los sobrecargos. También se tendrá que incluir en el acuerdo la alternativa de aplicar una refinanciación de los pagos anuales, en el caso que Argentina cumpla en los ejercicios previos las metas económicas y financieras pactadas con el Fondo. 

De firmarse este tipo de acuerdo antes de fin de año; Argentina debería comenzar a liquidar sus compromisos en el primer semestre de 2026; y capital, en el segundo. Esto implicaría que el primer desembolso serio tendría que concretarse entre septiembre y diciembre de ese año. Teniendo en cuenta que la actual gestión de Alberto Fernández culmina en diciembre de 2023, será el próximo Gobierno quién deba tener en cuenta estos pagos. Pero tres años después de haber asumido, y en un tiempo político diferente al que hoy transcurre en la gestión Alberto Fernández. Esto es, sin las expectativas de una elección legislativa de medio término y a un año de terminar la próxima presidencia. Según la visión de Guzmán, con tiempo suficiente para demostrarle al FMI que el plan que presentó en Washington da resultado y que con una visión heterodoxa de la economía es posible ordenar las cuentas primero y hacer crecer sólidamente la macro después. Las paulatinas misiones del FMI lo irían comprobando en las fiscalizaciones periódicas; las que se prometen más que discretas y sólo de observación. Lo más importante llegaría para comienzos de 2026. Llegado el momento de comenzar a pagar.

¿Cómo se harán las liquidaciones? El equipo de Martín Guzmán confía que para 2025 Argentina ya haya salido de su crónica crisis fiscal y comercial, y generara la suficiente confianza ante el organismo para que el FMI refinancie el Facilidades Extendidas en plazos similares a los eventualmente firmados este año. Aquí se incluiría una novedad. Argentina podría liquidar cada año desde 2026 unos u$s2.000/u$s3.000 millones de capital para ir reduciendo el monto adeudado, y coincidiendo con lo propuesto por el Instituto Patria. El capital terminaría de liquidarse en plazos de entre 15 y 20 años, el tiempo que tiene Máximo Kirchner en la cabeza. Bien comunicado, sería una manera de cumplir tanto con lo que busca Guzmán como con lo que reclama el Instituto Patria. Para este centro, la condición de aceptación es que dentro del acuerdo se indique que de cumplirse lo firmado, habrá una renegociación de los vencimientos de 2026. Se incluiría también un artículo que indique que si el FMI modifica su estatuto en cuanto a los tiempos y condiciones de los Facilidades Extendidas, en esa renegociación del 2025/2026 se incluyan también para el país.

El ministro se comprometerá ante el FMI a que en un plazo de tres ejercicios fiscales (contando a partir de 2022), el país llegará a un equilibrio fiscal. Esta meta, sabe Guzmán, es inevitable para llegar a un Facilidades Extendidas. Lo novedoso de lo negociado por el ministro en Washington ante Kristalina Georgieva en persona es que esa meta se logrará en los términos macro que indique el país y no a las reglas clásicas del organismo