Archivaron la causa que investigaba a Lázaro Báez por la obra del Mausoleo de Néstor Kirchner

El juez Ariel Lijo actualmente subrogando el Juzgado Federal 12 archivó un expediente contra el empresario santacruceño Lázaro Báez por la construcción del Mausoleo en Río Gallegos donde descansan los restos del expresidente Néstor Kirchner. 

Según entendió el magistrado “no fueron advertidos elementos que permitan suponer que esto se hubiera tratado de un regalo dirigido a un funcionario público en infracción al artículo 18 de la Ley 25188 (ley de Ética Pública) o que de ello se desprenda la comisión de delito alguno”.

Así al explayarse sobre la cuestión traída a estudio consideró que lo que ha sido verificado es que “los destinatarios de los fondos utilizados para la construcción del Mausoleo, han sido los habitantes de la Ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, en tanto su construcción tuvo como objetivo que los residentes de esa metrópolis cuenten con un sitio especial para rendir homenajes y visitar al expresidente, como también recordar su trayectoria e importantes cargos que ostentó en todos los niveles del Estado y la trascendencia internacional de su figura”.

De este modo explicó que la Ciudad de Río Gallegos, por intermedio de sus representantes, siguiendo las pautas reglamentarias correspondientes, solicitó la reserva de tierra para la construcción del Mausoleo con esos fines. Ello tuvo lugar en la sesión del 18 de noviembre de 2010, celebrada por el Honorable Concejo Deliberante de la esa ciudad, oportunidad en que el Concejal Hidalgo presentó el proyecto de Resolución mediante el que se plasmaba dicha petición, la cual fue aprobada por unanimidad, dando lugar a la Resolución n° 299/10.

Del análisis de la prueba producida de la documentación que en esa oportunidad se incautó, fue corroborado que la obra estuvo a cargo del Arquitecto Sebastián Elizathe, como Representante Técnico de la empresa “Loscalzo y Del Curto Construcciones S.R.L.", siendo comitente de ésta la firma “Austral Construcciones S.A.”, empresa de Lázaro Báez.

Al declarar en testimonial el arquitecto recordó que el costo inicial estimado de la obra (Mausoleo) fue de aproximadamente tres millones de pesos, pero igualmente que la cotización no era su función, sino que de ello se encargaba el sector de Cómputo y Presupuesto de la empresa. Mientras que, respecto al gasto total insumido, señaló que había sobrepasado el presupuesto inicial, pero que no sabía cuánto exactamente.

En esa ocasión también dijo desconocer quién afrontó la totalidad de gastos pertinentes, solo sabía que la obra fue encargada por “Austral Construcciones S.A.” a “Loscalzo y Del Curto S.R.L.”, y que tampoco conocía quién autorizó y dio la orden de darle inicio.

Entre otras medidas se solicitó el texto completo de las Leyes Provinciales n° 3841 -en la que se declara Monumento Provincial y Patrimonio Histórico de la Provincia de Santa Cruz el mausoleo en cuestión- y n° 3138 -que regula las obras que integran el Patrimonio Cultural y Natural Arquitectónico Urbano y Rural-, como así con la transcripción de los antecedentes parlamentarios que las precedieron.

Recordemos que la causa se inició en junio de 2013 a raíz de la denuncia promovida por el fiscal Guillermo Marijuan por entonces interinamente a cargo de la Fiscalía Federal 12, en razón de la presentación que realizó Patricia Bullrich.

Allí la titular del PRO puso en conocimiento de la justicia la solicitud de investigación que efectuó ante la Oficina Anticorrupción en orden a la presunta violación de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (25.188) en que pudo haberse incurrido en la construcción a modo de donación y/o regalo -que indicó como de público conocimiento- y/o en el mantenimiento del Mausoleo donde se encuentran los restos del expresidente Néstor Kirchner que, según expuso, habría realizado Lázaro Antonio Báez, respecto a quien señaló que habría detentado una posición beneficiosa en la adjudicación de obras públicas, a Cristina Fernández de Kirchner, en este entonces presidenta de la Nación, y/o su grupo familiar.

En dicha ocasión el fiscal Carlos Stornelli abrió la investigación y solicitó medidas de prueba. Tras varios años y luego de evacuar todas las diligencias el juez Lijo consideró que no hay más para realizar y que de lo actuado no se observaron acontecimientos que permitan elaborar una hipótesis alternativa de investigación o que posibiliten la obtención de medios probatorios que hagan posible ahondar con la presente pesquisa.

“Ante este panorama, y toda vez que no se ha visto corroborada la versión acusatoria formulada, deviene como resultado necesario adoptar el criterio contenido en el artículo 195 del Código de Procedimiento y, en consecuencia, proceder al archivo de los presentes autos”, sostuvo el magistrado.