Control de precios

Congelamiento: el Gobierno se juega a todo o nada y aplica la Ley de Abastecimiento

El Gobierno nacional apeló a la ley de abastecimiento para que los intendentes y gobernadores controlen los precios congelados. Esa norma otorga amplias facultades y sanciones para quienes no cumplan. Las dudas de los gobernadores e intendentes.

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MDZ Política viernes, 29 de octubre de 2021 · 09:14 hs
Congelamiento: el Gobierno se juega a todo o nada y aplica la Ley de Abastecimiento
Foto: TELAM

Si no se pudo por el consenso, se dispone por la fuerza. Es lo que hace el Gobierno nacional con el control de precios y su apelación a la Ley de Abastecimiento para obligar a gobernadores e intendentes a que controlen e incluso usen a la policía se hace falta para que se cumplan los precios congelados. De hecho la ley de abastecimiento permite que los intendentes recurran a la fuerza pública para los controles los autoriza a allanar locales, secuestrar mercadería y clausurar locales. Pero hay más: la ley en la que ancla la disposición permite que los gobernadores tengan su propia lista de precios y modificar a la baja, si lo consideran pertinente, la lista elaborada por la Nación. 

La medida puede tener varias repercusiones políticas. Primero, como todo en Argentina, va a depender de la voluntad política de cada jurisdicción. Incluso podría haber diferencias "intra provincia"; es decir que haya intendentes que quieran aplicar con rigor esas medidas y otros que hagan caso omiso. 

La resolución original que dispuso el congelamiento de precios era ambigua y no establecía qué rol cumplirían los distritos. El decreto de Alberto Fernández sí es imperativo para los gobiernos provinciales y municipales. El presidente se había reunido con los mandatarios para pedirles ayuda. Rodolfo Suarez, de Mendoza, y Horacio Rodríguez Larreta, de la Ciudad de Buenos Aires, no estuvieron y tampoco enviaron delegados. La duda es cómo actuarán frente al decreto. 

Más duros

La medida de Alberto Fernández busca trasladar el poder de policía del control de precios a los intendentes y gobernadores.

La Ley de Abastecimiento habilita, en ese sentido, un duro rigor. La convocatoria a los intendentes apela a una serie de medidas duras. Según la norma, tienen amplias potestades ahora para meterse dentro de las empresas para controlar precios. Desde el uso de la fuerza pública, preventiva por dos días si fuera necesario, pasando por el secuestro de mercadería y la posibilidad de clausurar locales. 

La ley de abastecimiento determina que las autoridades de aplicación (en este caso los municipios)  pueden:

  • a) Requerir el auxilio de la fuerza pública;
  • b) Allanar en horas hábiles y días de funcionamiento, locales industriales, comerciales, establecimientos de producción agropecuaria, forestal, de caza, pesquera, minera o auxiliares de éstos, y solicitar a los jueces competentes órdenes de allanamiento cuando deba practicarse este procedimiento en días y horas inhábiles o en la morada o habitación del presunto responsable;
  • c) Secuestrar libros y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios por un plazo máximo de hasta treinta (30) días hábiles;
  • d) Intervenir la mercadería en infracción, aun cuando estuviera en tránsito, nombrando depositario;
  • e) Clausurar preventivamente hasta por tres (3) días los locales en los que se hubiere constatado la infracción, cuando ello fuere indispensable para el mejor curso de la investigación o si existiere riesgo inminente de que se continúe cometiendo la infracción. Este plazo podrá ser prorrogado hasta un máximo de treinta (30) días por resolución fundada de la autoridad de aplicación;
  • f) Intervenir y declarar inmovilizadas las mercaderías que hubieren sido objeto de una maniobra tendiente a reducir la oferta;
  • g) Citar a los presuntos responsables para que concurran a prestar o ampliar declaración en fecha que fijará y que será posterior a los dos (2) días siguientes al acto. Igualmente podrá citarse a las personas perjudicadas por una infracción o a los testigos presenciales de la misma, incluyendo a quienes se negaren a suscribir como tales el acta correspondiente;
  • h) Solicitar a la autoridad de aplicación la detención preventiva de los presuntos responsables por el término de hasta cuarenta y ocho (48) horas cuando fuere necesario para el esclarecimiento de la infracción o ésta, "prima facie", implique grave perjuicio para el normal abastecimiento de la población. 

Los mandatarios y mandatarias provinciales también tienen responsabilidad de control. Pero además pueden hacer uso de otra potestad que le otorga la Ley de Abastecimiento. Se trata de la posibilidad de disponer precios máximos propios cuando lo consideren oportuno por cuestiones relacionadas, por ejemplo, a fletes, costos logísticos y demás.

"Las mencionadas autoridades, y únicamente en cuanto se refiere al abastecimiento dentro de sus respectivas jurisdicciones, podrán modificar los precios fijados por la autoridad nacional de aplicación, en tanto la localización de la fuente de producción, la menor incidencia de los fletes o cualquier otra circunstancia o factor permitan una reducción de los mismos", dice el artículo 3 de la ley, que es referida por el decreto de Alberto Fernández

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