Tramo final en el juicio por los incidentes frente al Congreso de la Nación por la reforma previsional de 2017

En el marco del juicio por los incidentes frente al Congreso durante la jornada por el tratamiento de la reforma previsional en 2017, continúa la ronda de alegatos. Para el fiscal Patricio García Elorrio está probado que el militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, Daniel Ruiz, es coautor penalmente responsable del delito de “intimidación pública en concurso ideal con el delito de atentado a la autoridad por haber sido cometido a mano armada”. 

En ese marco, esta semana cuando hizo su exposición frente al Tribunal, agregó que tanto Ruiz como Cesar Arakaki, del Partido Obrero adoptaron “una actitud provocadora, agresiva y violenta dentro de la manifestación que se desarrollaba en las inmediaciones del Congreso donde se lanzaron piedras y material pirotécnico a los efectivos de las fuerzas de seguridad que custodiaban el palacio legislativo”. 

Esto se desprende del alegato del representante del Ministerio Público, en el que pidió 3 años de prisión para Ruíz. Según lo expuesto por García Elorrio, quedó demostrado que ambos obraron en forma dolosa puesto a que “sus acciones se encontraban direccionadas a influir sobre el ánimo de aquellos que manifestaban en forma pacífica y en el desarrollo de la sesión legislativa con el objeto de lograr su postergación”.

En el caso de Daniel Ruiz, la imputación del fiscal suma un agravante y es el de uso de un arma de fabricación casera, en este caso el famoso mortero con el que fue registrado en imágenes Santiago Romero, quien luego de haber estado prófugo y ser detenido en Uruguay no fue incorporado al debate puesto a que ya había iniciado.

Martin Alderete, defensor de Ruiz (además asiste a Romero), aseguró que pedirá la absolución. Para ello, adelantó que en su alegato planteará la situación contextual de los hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2017 en la plaza de los congresos. 

Agrega Alderete que hará referencia a la particularidad de la acusación de la fiscalía de la que sostiene “posee una serie de falencias que en su momento fueron planteadas al inicio del juicio y ratificadas a partir de la producción de la prueba”. A esto agrega “la carencia de pruebas respecto a los delitos que se le imputaron a Ruíz a lo largo del juicio”. El debate que inició en febrero de este año que encabeza de forma unipersonal el magistrado Javier Feliciano Ríos del Tribunal Oral Federal Número 3.