Lo dispuso la Corte

Tras más de un año y medio, la Justicia nacional vuelve a la presencialidad

Por disposición de la Corte, y con la adhesión del Ministerio Público Fiscal, a partir de hoy se normaliza la actividad en juzgados, cámaras, tribunales y fiscalías con protocolos y algunas excepciones.

Lourdes Marchese
Lourdes Marchese miércoles, 20 de octubre de 2021 · 07:00 hs
Tras más de un año y medio, la Justicia nacional  vuelve a la presencialidad

Después de un año y siete meses de trabajo virtual y posteriores guardias, la justicia retoma la presencialidad plena en los edificios de toda la Nación. La medida fue dispuesta hace pocos días de forma unánime por los cinco miembros del Máximo Tribunal del país a través de la acordada 24/21.

Para arribar a la decisión, los ministros de la Corte tomaron como precedente la disposición del Ejecutivo Nacional. No obstante, dejaron en claro que la disposición que rige desde esta mañana será “mientras dure la situación epidemiológica actualmente imperante”. Varios abogados mostraron su preocupación porque en la misma no aparece mencionado si seguirán atendiendo con turnos como hasta ahora o si la apertura hará que todo vuelva a la nueva normalidad.

Fue a raíz de distintas acordadas donde la Corte Suprema por unanimidad dispuso, en principio, la inhabilitación de días y la posterior feria judicial extraordinaria donde se privaron actos procesales y se priorizaron las cuestiones vinculadas a la privación de la libertad, violencia de género y doméstica, resguardo de menores y otros; al tiempo que se habilitó el teletrabajo para empleados y funcionarios.

Por su parte el procurador de la Nación, Eduardo Casal, este lunes 18 de octubre a través de la resolución 83/21 declaró aplicable en el ámbito del Ministerio Público Fiscal lo dispuesto en la Acordada n° 24/21 de la CSJN, y mantuvo a su vez  la recomendación para que las/los integrantes de este Ministerio Público Fiscal adopten las medidas sanitarias de prevención respecto de las dependencias y el personal a su cargo, “a efectos de preservar la salud tanto de los/as trabajadores/as que allí prestan servicios así como de las partes en los procesos que por distintas circunstancias deban concurrir”. Sin perjuicio de la facultad otorgada a las/los titulares de las dependencias de disponer un esquema de trabajo por turnos.

Más allá del habitual uso del sistema Lex 100 para actuaciones y presentaciones, la plataforma Zoom se convirtió en la herramienta clave para la realización de indagatorias, testimoniales y debates de forma remota. A través de ella se hicieron varios juicios como el defraudación de la exsecretaria de Ambiente Romina Picolotti, el presunto contrabando de Ricardo Echegaray, el intento de extorsión del falso abogado Marcelo D’Alessio y la Ruta del Dinero K, entre otros. Además de audiencias de fuerte tenor como las de Dólar Futuro y Memorándum con Irán. Cabe destacar que el uso de Zoom, junto a otros instrumentos de videoconferencia habilitados por el Consejo de la Magistratura y la Corte, siguen en uso.

Sin embargo el retorno a la presencialidad en los diversos edificios judiciales no será absoluta: jueces, funcionarios y empleados que presenten factores de riesgo podrán solicitar licencia extraordinaria, asimismo quedan exceptuados de asistir a los puestos de trabajo pacientes inmunodeficientes, oncológicos o trasplantados quienes podrán continuar con su actividad de forma remota.

En relación a las disposiciones sanitarias para la vuelta, mediante la acordada 24/2021 emitida, hace pocos días, y hasta el momento, la última firmada por Elena Highton de Nolasco previo a efectivizar su renuncia a fin de mes, junto a los magistrados Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzatti instaron a “adoptar todas las medidas de prevención, higiene, movilidad y transporte emanadas de las autoridades competentes en el ámbito respectivo, así como también los protocolos establecidos por la Corte y las respectivas autoridades de superintendencia”. Y delegaron las facultades de superintendencia a las autoridades judiciales correspondientes a cada jurisdicción.

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