El Banco Nación publica durísimo informe contra Vicentín

El Banco Nación dio a conocer un durísimo informe contra la compañía agroexportadora Vicentin, a la que acusó de sufrir un proceso de vaciamiento corporativo, financiero y comercial que la llevó al default declarado en diciembre de 2019 por más de US$ 100.000 millones, y por incurrir en una maniobra extraña en medio de su concurso de acreedores que le permitió vender una parte de sus empresas.

El trabajo fue realizado a pedido de la entidad bancaria estatal por Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti, especialistas en Economía Política e investigadores del Conicet, quienes enfatizaron que el "vaciamiento" de Vicentin incluyó la creación de empresas en el exterior y cambios en su estructura corporativa, que determinaron un "desdoblamiento e internacionalización de su estructura empresarial".

A partir de eso se crearon empresas holding en Uruguay como Vicentin Family Group (VFG) que adquirieron participaciones en firmas del grupo, especialmente, entre 2014 y 2017 que les permitió a los accionistas "vender las participaciones de algunas de las principales empresas del grupo -como Renova o Friar - luego de que Vicentin SAIC entrara en concurso de acreedores".

"Lo ocurrido con Friar es un ejemplo de esta trayectoria: Vicentin compró la firma en 2004, y años después vendió el 99% a los holdings uruguayos Nacadie y VFG Inversiones y Actividades Especiales, conservando apenas el 0,4%, lo cual le permitió a sus propietarios transferir casi la totalidad de la firma en agosto de 2020 a pesar de las restricciones impuestas por la causa judicial", puntualizó el informe citado por la agencia estatal de noticias Télam.

De hecho, ese es uno de los principales argumentos que el Banco Nación solicitó a la Justicia federal para que investigue y frene la venta de Friar,

Otro punto que los especialistas consideraron como clave en el vaciamiento de Vicentin fue la compra-venta de empresas y operaciones intragrupo, operaciones que "se caracterizaron por la opacidad de la información consignada en los balances", al mismo tiempo que el grupo tampoco "informó en sus balances transferencias de acciones muy relevantes a nivel patrimonial", como es el caso Terminal Puerto de Rosario (TPR), de la cual compró el 30% en 2012 y vendió el 20% en 2017. También compró y vendió participaciones de empresas con pocos días de diferencia, como es el caso de Playa Puerto, además de que, a pesar de que Vicentin SAIC haya quedado con participaciones minoritarias en diversas empresas, oficiaba como garante en sus préstamos.

Según el informe, el vaciamiento financiero se dio en el marco de una "performance (económica) sobresaliente en los últimos años", pero en simultáneo con "un creciente endeudamiento de las distintas empresas del grupo concentrado en pocos acreedores" y, que en el caso de Vicentin SAIC, "se llevó adelante de forma desfasada a la generación de fondos propios".

Además, se destaca la realización de préstamos financieros intra-firma que tuvieron como protagonistas a las cáscaras en Uruguay, las cuales "movilizaron fondos al extranjero que permitirían pensar a estos como una forma de salidas de capitales".

Entre finales de 2019 y principios de 2020, advierten Gaggero y García Zanotti, "el vaciamiento se aceleró" y el patrimonio neto de Vicentin SAIC cayó "drásticamente". De esta manera, "las diversas cuentas bancarias de Vicentin SAIC comenzaron a tener saldos negativos debido a que los retiros superaron a los depósitos".

Por último, el informe indica que Vicentin se vio imposibilitada de vender al exterior su producción, pero diversas empresas relacionadas adquirieron producción de Vicentin que luego fueron exportadas a través de la Sucursal, "es decir, estamos hablando de un “pasamanos” ya que en última instancia los bienes fueron adquiridos por la misma empresa que los vendió.

Esta investigación ocurre en el marco de la renovada pulseada entre los accionistas de Vicentin y el gobierno nacional por los activos de la agroexportadora, ya que el Banco Nación es su principal acreedor por US$ 300 millones en el concurso judicial que se realiza en la Justicia santafesina.