Organismos de DD.HH. reclaman no desalojar a los usurpadores

La agrupación Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que nuclea a diversos organismos defensores de los derechos humanos, pidió hoy al juez Martín Rizzo que "no se aplique" la orden de desalojo en los terrenos ocupados en la localidad bonaerense de Guernica y que "se encuentre una solución real y de fondo" a la problemática habitacional de esas familias.

Dicha petición estuvo acompañada con la firma de 22 referentes de estas organizaciones, como Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Sergio Maldonado (hermano de Santiago Madonado), la legisladora del Frente de Izquierda Myriam Bregman y el referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) Juan Grabois, entre otros.

Se trata de un adelanto del amicus curiae (amigo de la corte) que será presentado ante el titular del Juzgado de Garantías de Cañuelas, quien actúa en la causa por la toma de tierras en Guernica.

Los referentes hicieron este pedido a Rizzo "para impedir que las familias sean desalojadas y se les logre alcanzar una solución real" a la problemática de la vivienda, informaron a la agencia de noticias Télam voceros del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

"Este es un momento muy especial. El Estado se tiene que hacer cargo de esta situación. No puede echar a la gente a la calle sin garantizarle una vivienda. Hay que pensar en el pueblo y no en el negocio de los barrios cerrados", señaló Cortiñas, quien además consideró que "el gobierno tiene que construir viviendas" para resolver estos conflictos.

"Si hay represión para sacar a la gente, tendrán que hacerse cargo ante la justicia. No es con balas. Si usan las armas van a tener un costo muy caro. Estamos en democracia'', remarcó.

Por su parte, Bregman expresó su preocupación ante "la campaña lanzada por el Gobierno contra las organizaciones sociales, contra los que defendemos a quienes reclaman por tierras, a la izquierda y a todos los que decimos que vamos a defender las ocupaciones y el reclamo de tierra y vivienda".

"Acá el ilegal es el juez (Martín) Rizzo, que larga una orden de desalojo cuando nadie puede demostrar en forma fehaciente la titularidad de esas tierras. Ilegal es que se quiera dejar sin agua y sin comida a los pibes y las pibas de la toma. Hay que declarar la utilidad pública de todas esas tierras y que la Legislatura bonaerense las expropie en beneficio de las familias que las necesitan para vivir", propuso Bregman.