El juez que se autoindemnizó con $4.5 millones fue citado a audiencia

El Jury de Enjuiciamiento ya ha fijado fecha para la audiencia de debate respecto a la situación del juez Antonio Sánchez Rey. El magistrado está acusado de presionar a sus compañeros de la Quinta Cámara del Trabajo para que homologaran un acuerdo con la ART para que le pagaran 4.5 millones de pesos por un accidente laboral. El día elegido es el 5 de noviembre a las 9.30 y la audiencia se realizará de forma virtual por la pandemia.

El magistrado es investigado por presunto por mal desempeño y desorden de conducta. En concreto, se lo acusa de presionar para que la Cámara Laboral que él integra homologara un acuerdo millonario con la ART por un accidente que sufrió en la playa de estacionamiento del Poder Judicial. Específicamente, en mayo del 2017 se apretó el brazo con el portón automático y por ese siniestro iba a recibir una indemnización de 4.5 millones de pesos.

Sanchez Rey era juez de la Quinta Cámara del Trabajo y justamente esa cámara iba a homologar el acuerdo. Sus compañeros no se excusaron hasta último momento, cuando el escándalo ya había salido a la luz. En ese momento, los jueces Viviana Gil y Jorge Consolini denunciaron haber recibido "aprietes" de Sánchez Rey para que homologaran el acuerdo. 

"El señor Sánchez Rey se dirigió a mi despacho y me manifestó que yo era un cagón que si ante estas situaciones actuaba de forma temerosa nunca iba a llegar a ser juez", señaló ante la justicia el conjuez Consolini denunciando aprietes para que no se excusara de intervenir. Por su parte, Viviana Gil manifestó que Sánchez Rey le dijo que si se excusaban de resolver y remitían el expediente a la Sexta Cámara del Trabajo, "yo iba a ser objeto de un jury y el doctor Consolini nunca iba a ser juez".

Por si eso fuera poco, desde la Superintendencia de Riesgos del Trabajo solo había aprobado algo más de un millón de pesos de indemnización por lo que el acuerdo con Provincia ART se tornó aún más sospechoso.

Por toda esta situación Sanchez Rey fue suspendido en sus funciones el 30 de abril del 2019. Desde entonces está cobrando medio sueldo sin tener que ir a trabajar, a la espera de que el Jury de Enjuiciamiento determine si lo destituye o si vuelve a ponerlo en funciones.

Paralelamente, abogados de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo denunciaron penalmente el acuerdo millonario con Provincia ART, que es investigado por el fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos.