El gobierno acciona legalmente para jubilar delegados gremiales

El gobernador Rodolfo Suarez ha dejado claro que le dará continuidad a la política de jubilaciones de estatales que se implemento durante la gestión de Alfredo Cornejo para reducir la planta de personal público. Esta misión ha quedado clara a través de distintos decretos mediante los cuales el mandatario ha ordenado iniciar acciones legales para quitarle la tutela sindical a empleados que ya cumplen los requisitos para jubilarse.

Este martes se publicó en el Boletín Oficial el decreto 989. En el mismo el gobernador ordena al Asesor de Gobierno Ricardo Canet que "inicie, prosigan y concluyan las acciones judiciales" a efectos de "excluir de la Tutela Sindical a la agente Mónica Edith Ramos". Se trata de una empleada de la Dirección de Hidráulica que cumple con los requisitos de edad y años de servicios para acceder a los beneficios jubilatorios.

Pero no es el único caso en el que Suarez ha ordenado avanzar en ese sentido. En el decreto 321 el gobernador pide excluir de la tutela sindical a un empleado del Ministerio de Salud que fue electo vocal de Ampros hasta el año 2021. Atento a que ese trabajador, Carlos Lucio Gómez Valdivia, ya está en condiciones de jubilarse, el gobernador solicitó que el Asesor de Gobierno o algún abogado de la asesoría comience a gestionar la quita de la tutela.

Lo mismo ocurre en el decreto 1152 en el cual se solicita la exclusión de la tutela sindical para el empleado Alberto César Rojas, delegado del Sindicato Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) en el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

La “Tutela Sindical” protegen quienes ocupan cargos electivos o representativos en las entidades gremiales "a fin de evitar modificaciones en las condiciones de trabajo, suspensiones, despidos o abusos (acciones antisindicales) de los empleadores”. "El empleador que pretenda modificar las condiciones de trabajo, suspender o despedir, fundado en justa causa, a quienes estén amparados por la Tutela Sindical, debe interponer una acción de exclusión de Tutela o vía sumarísima a fin de que el Juez lo autorice a tomar esas medidas (despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo)”, remarca la ley.

Desde el gobierno provincial reconocen estas situaciones pero aclaran que en realidad la intención es "jubilar a todo el personal que esté en condiciones de acceder a los beneficios jubilatorios". En el caso de quienes tienen tutela sindical, avanzar judicialmente para excluirlos de la tutela y exigir que inicien los trámites jubilatorios.

"Hay casos en que los que están por cumplir la edad y se presentan a algún cargo gremial. De esa manera estiran su permanencia en el Estado", admiten en Casa de Gobierno y afirman que ante ese tipo de casos es que inician las acciones legales correspondientes.