Giro en la causa de los funcionarios judiciales que cobran como jueces

Giro en la causa de los funcionarios judiciales que cobran como jueces

Aún sigue sin implementarse la ley que sancionó la Legislatura provincial y que le quita el beneficio a casi una veintena de funcionarios del Poder Judicial que estaban equiparados a magistrados. Los afectados presentaron acciones en la Justicia y serán resueltas por la Sala Segunda.

Mariano Bustos

Mariano Bustos

Han pasado tres meses desde que la Legislatura de Mendoza aprobó la ley enviada por Rodolfo Suarez para terminar con la figura de los equiparados a magistrados en el Poder Judicial. Sin embargo, muchos funcionarios que cobran como jueces quedaron exceptuados de la norma y la veintena que estaba alcanzada por la ley presentó una cascada de acciones judiciales y siguen percibiendo los mismos sueldos. Este jueves se supo que se ha desestimado la posibilidad de que la situación la resuelva la Corte en pleno y será la Sala Segunda la que defina si los accionantes están o no alcanzados por la nueva ley.

En concreto, además de una medida cautelar y una acción de inconstitucionalidad, los equiparados han presentado una acción Declarativa de Certeza. Específicamente, los funcionarios Elizabeth Carbajal, Carlos Quiroga Nanclares, Eleonora Lamm, Milagros Noli, Cristobal López Maida y Romina Cucchi, entre otros, piden que se aclare si están alcanzados por la norma que se sancionó el 10 de junio en la Legislatura.

En medio de la pela interna que existía en la Suprema Corte, el juez José Valerio pidió que sea la Corte en pleno la que defina la situación de esos funcionarios, que podrían perder el beneficio de cobrar como jueces. El caso más resonante es el de la secretaria de la Corte, Elizabeth Carbajal, cuyo sueldo de 405 mil pesos mensuales indignó al gobernador Rodolfo Suarez y lo empujó a enviar un proyecto de ley para terminar con la figura de "equiparados a magistrados".

Sin embargo, en el camino se fueron haciendo modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo y finalmente no alcanzó a todos los funcionarios que cobran como jueces sino a una veintena, dejando afuera a relatores y otros casos en la que equiparación se reconoció con fuerza de ley. En este sentido, los abogados de los accionantes sostienen que la ley emanada de la legislatura parece estar "teledirigida" contra personas puntuales y salvar a otros más cercanos al oficialismo.

En concreto hace referencia a otros equiparados a magistrados como el secretario de la Junta Electoral Jorge Albarracín que a pesar de la ley aprobada en la Legislatura seguirá teniendo un sueldo de juez pese a no serlo. Incluso cuando su antecesor en el cargo, Luis Alfredo Puebla, ejercía el mismo puesto sin que existiera una equiparación.

Más allá de esas discusiones puntuales, este jueves la Suprema Corte reconoció que no corresponde un fallo en pleno para esta situación y dejó en manos de la Sala Segunda la resolución del conflicto. 

Específicamente el juez Dalmiro Garay dispuso "que el trámite de la medida provisoria solicitada en la demanda se continúe y sea resuelta por ante la Sala Segunda". Es decir, la sala integrada por los jueces Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio.

Excusación en puerta

El presidente de la Sala Segunda, Omar Palermo, habría anticipado que se excusará de intervenir en este conflicto entendiendo que existen causales de sospecha por su relación con algunos de los accionantes. En concreto, el propio Palermo equiparó a magistrados a algunos de esos funcionarios por lo que entiende que no corresponde que resuelva sobre el tema.

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