Dos jueces presentaron un amparo para evitar que el Gobierno los desplace

Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, presentaron un pedido de inconstitucionalidad y nulidad de la resolución del Consejo de la Magistratura que objetó sus traslados a ese tribunal para que sean revisados por el Poder Ejecutivo y el Senado Nacional.

Los magistrados presentaron un amparo en conjunto en lo Contencioso Administrativo Federal en el que pidieron una medida cautelar para que se anule esa decisión del Consejo y poder continuar en sus cargos. Por sorteo, la causa quedó a cargo de la jueza federal María Biotti.

Según consigna Infobae, los jueces sostienen que sus traslados (en 2018) están “firmes y consentidos”, con derechos adquiridos y que no pueden ser revisados por el Consejo ya que no cuenta con facultades para hacerlo. Y agregaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en su acordada 7/2018 que los traslados entre la misma competencia no requieren la intervención del Senado.

“En este carácter de jueces federales, la Constitución Nacional nos confiere las garantías de inamovilidad, estabilidad en nuestros cargos y la intangibilidad de nuestras remuneraciones”, indicaron en su presentación los magistrados.

Bruglia y Bertuzzi son dos de los 10 jueces que el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, objetó en una presentación. Sostuvo que el trámite de esos traslados está incompleto porque ninguno de esos traslados pasó por la aprobación del Senado de la Nación. 

Los otros ocho jueces cuestionados son: Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata.

Como jueces de la Cámara Federal, Bruglia y Bertuzzi ocupan lugares clave. Por allí pasan y se revisan todas las investigaciones que hacen los jueces de los tribunales de Comodoro Py, donde se tramitan los expedientes de corrupción y contra funcionarios públicos. 

El Consejo de la Magistratura aprobó la semana pasada la resolución 183 en el que señaló las objeciones a los 10 traslados y lo envió al Poder Ejecutivo para que lo analice y decida si comparte las críticas y los remita al Senado para que le dé o no acuerdo. El oficialismo cuenta con la mayoría para aprobarlos o rechazarlos. Si la cámara alta no aprueba los traslados, los jueces deberán volver a sus cargos anteriores.

En el amparo, los camaristas pidieron que sus traslados no sean enviados al Senado para su análisis en la cámara alta. La aprobación en el Consejo fue por siete votos contra seis en una sesión virtual por la pandemia del coronavirus. El bloque del oficialismo más la diputada peronista Graciela Camaño aprobaron el dictamen. 

Por su parte, la oposición entendió que el Consejo no tenía facultad para intervenir en el caso, que los traslados ya habían adquirido firmeza con derechos adquiridos de parte de los jueces y que solo se podían revisar en una causa judicial.