Cada vez más China: ¿Los problemas de IMPSA pueden afectar a Portezuelo?

La semana que viene se conocerá cuál es el plan de la única Unión de Empresas que se presentó para construir la represa Portezuelo del Viento. El 11 de agosto se abre el sobre de la oferta técnica obligatoria y las alternativas y debería conocerse si la UTE cumple las exigencias legales y financieras. Pero para en paralelo hay un problema que se agudiza: la solidez de las empresas que forman parte del consorcio y particularmente IMPSA, la firma local que es "insignia" para la obra y que tendría a cargo la parte hidroeléctrica.

La metalúrgica que ahora está a cargo de los bancos ya tenía problemas financieros, pero ahora pidió un rescate al Gobierno para poder mantenerse operativa y cumplir con las obligaciones ya asumidas en otros proyectos, como Yacyretá y la Comisión Nacional de Energía Atómica. La empresa tiene la planta de calle Rodríguez Peña parada. Allí se hacen los ensayos para lo que serán las turbinas de Portezuelo, en un plan de estricta confidencialidad.

El temor es si los problemas financieros que tiene la empresa, que está en venta, la afectarán de manera operativa ahora o en el futuro inmediato, cuando tenga que ejecutar las obras hidroeléctricas de Portezuelo. En el Gobierno son tajantes, pero sin detalles. Dicen que la situación de la empresa no afectará "de ninguna manera" a Portezuelo del Viento, a pesar de que esa firma no tiene margen financiero para generar recursos y, como dijo, depende del Gobierno Nacional.

Curiosamente en una obra que es local, cada vez aparece con más protagonismo la Nación: por las trabas impuestas a través del COIRCO, por las dudas de cada día sobre la transferencia de fondos y ahora también por el pedido de auxilio de la empresa "bandera" del consorcio que buscará quedarse con la obra. 

La garantía es el respaldo que le da al proyecto la empres china Sinohydro, que es la cabeza del consorcio y que cada vez toma más protagonismo. Es esa empres la que aporta las garantías y además en la UTE son todos "solidarios" en cuanto a la carga de responsabilidades. Por eso todos tienen los ojos puestos en oriente. 

Portezuelo del Viento es una obra que tiene financiamiento asegurado, es decir que no requiere que las empresas aporten recursos. Por eso tentaba a muchos a participar y en particular a IMPSA. Es que esa empresa, por ejemplo, tiene problemas para acceder al mercado de capitales y, así, apalancar el inicio de cualquier proyecto. En Portezuelo el Estado mendocino pone todos los recursos y el pliego autoriza a otorgar un anticipo financiero a las empresas de hasta un 10 por ciento del total del presupuesto, es decir unos 80 millones de dólares, que puede servir para "arrancar". La licitación le otorga puntos "en contra" a quienes pidan el total de anticipo, pero como no hay competencia, si la UTE que forman Sinohydro, IMPSA, CEOSA y Obras Andinas postulan para acceder a ese anticipo no tendrán problemas. 

El pedido de ayuda

IMPSA también es parte de la obra El Tambolar, en San Juan, pero en ese caso como contratista. Es decir, las empresas que resultaron adjudicatarias de la obra sumaron a la firma mendocina como proveedora. Para contextualizar el pedido de ayuda, IMPSA asegura que tiene problemas para cumplir con algunas obligaciones, como proveer las turbinas para Yacyretá y para terminar el reactor CAREM. 

Las dudas están también en cuál será el esquema de rescate que ejecute el Gobierno nacional hacia IMPSA. El Estado es parte involuntario de la empresa porque a través del Banco Nación y el BICE tiene acciones. TAnto, que el presidente de la compañía es el ingeniero "filo radical" Diego Grau, propuesto por el Nación. Pero ahora la decisión es política: si la Nación accede a un rescate amplio e interviene la empresa o la toma como una firma más. Es el caso inverso al de Vicentín, donde fue el Gobierno quien decidió avanzar. Acá es la empresa la que levanta la mano. Hay quienes, incluso, ven una estrategia acordada detrás para que la Nación no tropiece nuevamente con los problemas que tuvo con la cerealera de Santa Fe. 

Cuando la empresa aún estaba en manos de la familia Pescarmona hubo negociaciones por un rescate. Cristina Fernández era presidenta y Julio De Vido ministro. Venezuela y Brasil eran los principales destinos de negocios de IMPSA y la caída de los pagos en esos países ahondó la crisis hasta que la empresa se derrumbó financieramente. Tanto, que quedó en manos de los acreedores y hoy está en venta. Parte de esa historia está contada, en voz del propio Enrique Pescarmona, en la causa de los "cuadernos de la corrupción". Allí el ex dueño de la empresa asegura que el Gobierno "quería quedarse" con IMPSA y por eso lo extorsionaban a él y a su hijo.

Ahora es la empresa la que llamó para pedir ayuda. La intención es que una empresa emblemática para Mendoza que agregó valor durante más de un siglo, siga en pie.