Optimismo en Mendoza por la negociación de su propia deuda

Optimismo en Mendoza por la negociación de su propia deuda

Tras el acuerdo alcanzado entre la Argentina y sus acreedores, el gobierno provincial asegura que el proceso de restructuración del bono por U$S 500 millones que se inició en mayo "está muy avanzado". Sostienen que ya acordó el 60%, aunque se precisa del 75% para que la operación sea exitosa.

Marcelo Arce

Marcelo Arce

Tras el acuerdo alcanzado por la Argentina y sus acreedores, el gobierno mendocino es optimista en cuanto a su propia renegociación de la deuda y estima llegar a un arreglo en el mediano plazo. Según se confirmó este martes, el porcentaje de aceptación ya ronda el 60% (59,7% en detalle) en un acuerdo que, para el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, “está muy avanzado”.

Sin embargo para que la operación sea un éxito, se necesita al menos del 75% de aceptación de los acreedores y aunque también existe la alternativa de que con el 51% se termine procediendo a un canje, la idea es sumar la mayor cantidad de bonistas posibles a la nueva emisión que Rodolfo Suarez apuesta a que Mendoza termine de pagar en 2029.

El propio gobernado celebró hoy el acuerdo logrado por Alberto Fernández y espera los próximos días para determinar cómo incidirá el proceso de Argentina en el canje local, más allá de que el horizonte muy probablemente quedará más despejado.



Desde el 18 de junio, la provincia está en cesación de pagos al no haber acreditado el pago de U$S 25 millones correspondientes al primero de los dos cupones que vencen en 2020 (el otro será de un monto similar en setiembre) del bono PMY24 emitido en 2016 por U$S 500 millones de dólares. Esta deuda, fue contraída por Alfredo Cornejo en el primer tramo de su gestión, con el argumento de que esos fondos servirían para compensar los desequilibrios financieros heredados por la gestión de Francisco Pérez.

El proceso de renegociación de esta deuda se abrió como resultado del desplome de la recaudación, de los ingresos coparticipables y de regalías de los últimos meses, pero también como corolario del aumento fuerte del gasto público durante 2019. Hacienda se encontró con una realidad financiera compleja y en mayo anunció que no podría pagar y se vio obligado a ofrecer un nuevo bono de la deuda contraída en dólares bajo legislación extranjera. El trabajo para convencer a los acreedores, se le encargó al grupo Credit Suisse y AdCap Securities, quien terminó estructurando la propuesta de reperfilamiento.

La oferta inicial fue bastante agresiva y consistió en una extensión de los plazos de pago, con un periodo de gracias de tres años para iniciar las transferencias para llevarlas del 2024 hasta el 2029. El nuevo cronograma de pagos contempló además una reducción de la tasa de interés del 8% al 4%, un plazo de gracia de intereses hasta noviembre de 2021 y reducción de tasa entre 2022 y 2023.

La propuesta fue rechazada y obligó a Hacienda a realizar una nueva. Entre los puntos centrales de la nueva oferta presentada a mediados de julio, el gobierno se comprometió a incrementar los cupones para llevarlos al 4,25 % entre 2021 y 2023 y al 5,75% entre 2023 y 2029. Asimismo incorporó el compromiso de pagar los intereses acumulados desde mayo de este año (cuando la negociación comenzó) y a aumentar el número de amortizaciones semestrales llevándolas de 11 a 13, para comenzar a pagar en noviembre de 2023 ( y no a partir de mayo de 2024 como había ofrecido originalmente). Además, la iniciativa de acuerdo sumó la alternativa de un rescate del bono por parte de la provincia.

Hacienda ofreció además un incentivo (denominado early bird) que consiste en un extra de algo más de 4 dólares por cada 100 dólares. Pero la fecha límite para este beneficio es el 7 de agosto y el que no acepte antes de ese día no lo cobrará.

Los bonistas que se mostraron permeables en un principio, manifestaron su comprensión a la situación generada por el coronavirus, pero no aceptaban el pronóstico de los problemas económicos a futuro del país. Es decir, accedían a que la provincia reformulara los pagos de corto plazo, pero pretendían que no se modifiquen el resto de los vencimientos que operarán más extendidos en el tiempo y que vencerán,en definitiva,dentro de nueve años.

Para Hacienda, que le digan que no a este último punto es vital. Hasta el año 2022 los pagos por los intereses del bono son de U$S 50 millones anuales, pero dentro de dos años se registrarán vencimientos de capital por U$S 166 millones (más el pago de los intereses correspondientes) que se harán imposibles de afrontar si, obtener financiamiento en dólares para poder hacer el roll over de esa deuda será difícil. Aunque el acuerdo alcanzado por el gobierno argentino en estas horas, podría modificar a futuro ese escenario.

¿Querés recibir notificaciones de alertas?