La bolsa de cargos y poder detrás de la reforma judicial que el Senado aprobaría hoy

En las últimas semanas no hubo más maquillaje. Lo que era una reforma judicial impulsada por el presidente Alberto Fernández, terminó en una medida menor para crear cargos y sostenida públicamente por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien es señalada como la autora intelectual de la estrategia para multiplicar la cantidad de juzgados y generar una "avalancha" de nombramientos en todo el país durante los próximos meses. Pero también en los últimos días quedó claro lo que se negocia una bolsa de cargos y de poder dentro de la justicia federal.

Por eso como si fuera un mercado de pulgas de cargos, el proyecto fue mutando a demanda de quienes podrían garantizarle al oficialismo votos o aunque sea sentarse a debatir para dar quorum y habilitar la posibilidad de avanzar. Gobernadores con ambiciones, operadores judiciales que afilan los dientes y legisladores que tienen el tiempo contado en el Congreso y aprovechan su momento de gloria para negociar; todos parte de una fauna política voraz.

El Senado tratará y, salvo alguna contingencia, aprobará el proyecto. La pelea estará después en Diputados, donde hay quienes ven un escenario de paridad inédito en los últimos años. Pues allí está la tensión.

El proyecto crea cientos de cargos de jueces en todo el país y se han agregado espacios a demanda. Y el problema es qué motiva esa demanda. Uno de los casos emblemáticos es el de San Luis. Por reclamo de los hermanos Rodríguez Saá se incluyó la creación de la Cámara Federal de San Luis. Eso le restaría poder a la actual Cámara Federal de Mendoza. En lo operativo parece justo, pero además le daría la chance a los dos dirigentes políticos que siempre gobernaron la provincia a ser parte también del proceso de lobby para designar quiénes ocuparán los cargos.

En esa provincia la justicia no tiene fama de independencia, sino más bien todo lo contrario. Hace dos años dos funcionarios fueron condenados a 5 años de cárcel por ejecutar una metodología de presión sobre los jueces pocas veces vista: los obligaban a tener una renuncia en blanco y disposición del gobernador Alberto Rodríguez Saá para que la ejecutara cuando lo quisiera conveniente.

La causa se inició por una denuncia de la entonces camarista Marina Ziliotto, quien acusó a los ahora condenados de presionarla para que iniciara una campaña de desprestigio contra varios de sus colegas del poder judicial que eran críticos del poder político de turno. Como Ziliotto se negó a cumplir esas órdenes, estos funcionarios de Alberto Rodríguez Saá le ejecutaron la renuncia que le habían hecho firmar en blanco antes de asumir el cargo. La condena contra los funcionarios del Gobernador la firmaron jueces de un tribunal "mendocino". Adolfo Rodríguez Saá alzó la voz en el Senado abonando la teoría: que los jueces que influyen en San Luis los "eligen en Mendoza". También se crearía una Cámara Federal en San Juan.

El "botín" mendocino

En el caso de Mendoza el "botín" es tentador. Entre los nuevos cargos y los que hay que cubrir, en poco tiempo deberían nombrarse al menos 8 personas en la primera línea de la Justicia Federal. Dos para ocupar los cargos de los juzgados penales 5 y 6 que se crearán. Dos para los juzgados vacantes (el 2 y el 4), Un cargo de juez penal federal de San Rafael. Dos fiscales federales y un defensor. En el Gran Mendoza se renovarán 4 de los 6 juzgados federales. Un cambio radical. 

Pero además está el cambio de funciones, la quita de competencias y hasta las secretarías. Los actuales jueces deberían "elegir" si se quedan donde están o pasan al nuevo fuero penal. Y cambian las secretarías, con enroques y modificaciones de competencias. Entre otras, estará la "Secretaría Ramón". Se trata de la cláusula que se incluyó a pedido del diputado mendocino para atender las causas de violación a los derechos de los consumidores. Los jueces federales de Mendoza no tienen perfil alto. Pero aseguran que están incómodos con el plan nacional que los obliga a decidir, les quita competencias y les agrega un estrés nuevo.

Actualmente Mendoza tiene 3 juzgados federales que son multicompetencia y un cuarto que está creado, pero no activo. Los jueces a cargo son Walter Bento, en el Juzgado Número 1, Marcelo Garnica, en el número 3 y Juan Carlos Nacul está a cargo del Juzgado Federal 2, pero de manera provisoria: se hizo el concurso para cubrirlo, Mauricio Macri postuló a uno de los candidatos, pero el Senado no trató el pliego y no lo tratará. El nuevo Juzgado Federal 4 corrió la misma suerte y quien había sido postulada para ocupar el cargo no fue avalada por la nueva conducción política del Senado nacional.

El proceso legal de elección de los jueces, fiscales y defensores involucra al Consejo de la Magistratura, al Presidente de la Nación y al Senado. En los todos lados el oficialismo tiene las de ganar. Cuando fue presidenta, Cristina Fernández no tuvo celeridad en cubrir las vacantes. De hecho en Mendoza, por ejemplo, recién en la gestión de Mauricio Macri se logró cubrir todas las vacantes de la Cámara Federal, los tribunales orales y los juzgados de primera instancia.

El proyecto pone plazos para nombrar los cientos de cargos que se crearán en todo el país. Todos plazos dentro del gobierno de Alberto Fernández.