La nueva matriz de poder K que se gesta desde la justicia

La nueva matriz de poder K que se gesta desde la justicia

La reforma judicial lanzada por el Gobierno nacional, junto a otras maniobras, generan suspicacias. La sospecha de llenar tribunales con jueces subrogantes "amigos", la ampliación de la corte y la conexión de los asesores con causas de interés político.

Pablo Icardi

Pablo Icardi

Una reforma judicial con intenciones vidriosas, una moratoria con artículos que parecen "a medida" y una comisión de asesores que tiene sugestivas vinculaciones con causas de interés político. Coincidencias o una "matriz" política que se gesta para una nueva etapa dentro del poder. Todo, mientras el país tiene las defensas bajas por las consecuencias de la pandemia. 

Falta tiempo para madurar los anuncios del presidente Alberto Fernández. Mientras el Congreso debate la moratoria, se presenta el paquete de medidas para cambiar la justicia y al día siguiente el shock por el aumento de casos de coronavirus y la extensión de la cuarentena con un mar de datos. Pero puertas adentro se cuece la nueva estrategia. 

La reforma judicial lanzada por Fernández parte de máximas indiscutibles, como el desprestigio de los jueces federales que "atienden" en los juzgados de Comodoro Py. Pero la solución buscada es la que genera intriga: ampliar bruscamente la cantidad de juzgados, a un ritmo que es imposible de seguir por parte del Consejo de la Magistratura y el Senado para nombrarlos. Allí está el principal punto de desconfianza. Si se abren nuevos juzgados, probablemente los cargos deberán ser ocupados por jueces subrogantes que no pasen por los filtros legales y cuyas designaciones tengan un margen de discrecionalidad mayor.

El proyecto plantea crear al menos 23 juzgados nuevos en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y 92 en todo el país. Además, sumarían  23 fiscalías. Un bloque de funcionarios  que cambiaría todo el Poder Judicial. La oposición denuncia que el primer paso de esa estrategia fue quitarle la potestad de elaborar la lista de candidatos a jueces subrogantes a la Cámara Federal de Casación y pasarla la Cámara Nacional que "responde a Justicia Legítima", según aseguran desde Juntos por el Cambio. "Corrieron a la Cámara que le correspondería y eligen a una que controla el Gobierno para elaborar las listas que van a enviar al Consejo de la Magistratura, que también controla el Gobierno para pasar el senado donde tienen mayoría. Además no tiene sentido porque son fueros distintos. El Gobierno controlaría todo", se quejó el diputado mendocino Luis Petri. 

 

Aunque la idea de "llenar" los nuevos tribunales con jueces subrogantes es una hipótesis, hay razones para especular porque ya ocurrió. Durante la gestión de Cristina Fernández como presidenta, hubo una larga demora en nombrar jueces federales y las subrogancias de magistrados y fiscales fue constante. Tanto, que se produjeron traslados insólitos entre jurisdicciones. Mendoza lo sufrió y lo sufre. Pasaron años para que se normalizara la situación en la Cámara Federal y los juzgados. El año pasado hubo un bucle temporal, pues el problema volvió a aparecer cuando el escenario político "empoderó" a la actual vicepresidenta y se frenaron las designaciones de los dos jueces que habían pasado por el proceso de concurso y de selección por parte del Poder Ejecutivo. Si la creación de nuevos juzgados se hace como anticipó el Presidente, rápido, la excepción de nombrar jueces subrogantes puede pasar a ser la regla y así podría ser inconstitucional. 

Reforma y oportunismo

El desprestigio de la justicia es enorme, al punto que es la institución de peor valoración social. Los jueces federales ayudar a ello. Los juzgados de Comodoro Py parecen el epicentro y malos ejemplos sobran. El Juez Luis Rodríguez, señalado como destinatario de sobornos por parte de arrepentidos, Ariel Lijo, que "evitó" investigar a Boudou en primera instancia o Canicoba Corral, que sale de Tribunales por la puerta de atrás. La reforma, coinciden todos, es necesaria. Pero no de manera intempestiva y con mecanismos que pueden ser arbitrarios. 

Todos coinciden que para ejecutar un cambio así hace falta consenso político, social y participación de todos los mejores especialistas . Incluso en el proceso necesario se incluyen cambios operativos: hoy la justicia federal no tiene un sistema virtual que genere transparencia y celeridad (hubo problemas técnicos que dejaron off line a todos los tribunales).

Esa reforma se solapa con las conclusiones que sacará el comité de expertos y expertas que asesora al Gobierno y que tendrá influencia sobre temas menos visibles pero estructurales. Entre ellos el Consejo de la Magistratura, nada menos que el organismo encargado de seleccionar a los jueces y juzgarlos, y la propia Corte Suprema. 

La composición y la determinación de funciones del Consejo es la llave maestra para influir en el Poder Judicial, Mucho más si es el cuerpo que a mediano plazo deberá nombrar al "ejército" de nuevos jueces. La ampliación de la Corte es el otro tema relevante porque cambiaría las relaciones de poder y le daría al Presidente una responsabilidad enorme. 

En la comisión hay algunos nombres que no pasan desapercibidos. Además de las cercanías políticas de algunos de ellos, la preponderancia de penalistas y otros detalles, también hay conexiones que generan intriga. Ocurre, por ejemplo, con la presencia de Carlos Beraldi, penalista y defensor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las causas donde se la investiga por corrupción. Al menos genera ruido que uno de los asesores del Presidente para reformar la justicia como "consultor supra institucional" sea parte en juicios que probablemente lleguen a las instancias superiores. Las sentencias de los juicios que tienen a Cristina como protagonista llegarán indefectiblemente a la Corte sobre la que Beraldi asesora al Presidente. 

Algo similar ocurre con León Arslanian. El jurista y político es abogado defensor, entre otros, de Ricardo Echegaray, el ex titular de la AFIP, otro de los ex funcionarios interesados en cómo se estructura la justicia federal. Allí hay un  dato que hila a la reforma judicial con otro tema de la nueva matriz política: la ampliación de la moratoria que beneficiará al empresario Cristóbal López. Justamente Echegaray y su defensor Arslanián son parte de la misma causa en la que se juzga a López por las facilidades que obtuvo el empresario K de parte de la AFIP por la falta de pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles. La acusación es que Oil Combustibles accedía a planes especiales de la AFIP otorgados por Echegaray para desviar el ITC recaudado para fondear los otros negocios del grupo Indalo que lideraba. 

Ahora la moratoria ampliada incluirá otro favor a Oil: que las empresas quebradas (que no volverán a abrir) accedan a los beneficios y licuen sus deudas y hasta se suspendan procesos penales. Para los desconfiados, es parte de la nueva matriz de poder que se elabora en el cuarto gobierno kirchnerista. 

 

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